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Los alzados de La Palma

Sucede que, a veces, cuando paso una temporada en La Palma, la isla de mis padres, abuelos y antepasados, surge entre los mayores la conversación-discusión sobre las barbaridades, para unos, o «por algo sería», para otros, ocurridas durante la Guerra Civil. Siempre me ha impactado la brutal represión que sufrieron los republicanos a cargo de quienes se entregaron a la sublevación militar, los franquistas.

Realmente en Canarias no hubo guerra civil porque a la rebelión militar del 18 de julio de 1936 apenas opuso resistencia el Gobierno, más preocupado en evitar altercados entre obreros y militantes de izquierdas y las derechas que en impedir la rebelión militar que optó por ignorar (gravísimo error), mientras que las derechas no paraban de organizar una rebelión cruenta tras las elecciones del 16 de febrero de 1936, que ganaron una coalición de izquierdas, el Frente Popular.

Las derechas, como clase dominante, aceleran sus planes subversivos al considerar que España siempre les había pertenecido, y así tenía que seguir siendo, con lo que, temerosas de perder el poder siempre disfrutado, se alinean con los movimientos a favor del golpe de Estado que en Canarias acaba con más de dos mil vidas.

Para entender la peculiar guerra civil que hubo en La Palma hay que remontarse a la declaración de la Junta de Gobierno provisional de la II República en Santa Cruz de la Palma, presidida por el diputado del Partido Republicano Palmero Alonso Pérez Díaz, que publica un bando el 16 de abril de 1931, dos días después de la proclamación de la República en Madrid, anunciando que «el pueblo español ha derribado la Monarquía e instaurado la República, que, como viene para apoyar el bien de España, la Junta invita a los habitantes de la isla, que la han recibido con júbilo y entusiasmo, a que la acaten y la amen». El bando lo firman 21 hombres, ninguna mujer. Eran otros tiempos.

Cinco años más tarde llega la Guerra Civil, pero una situación excepcional se da en La Palma al permanecer leal al Gobierno, mientras sus autoridades protegen no sólo la legalidad republicana sino también a las personas que se sabía de su hostilidad a la República y de su apoyo al golpe de Estado, para así evitar confrontaciones y derramamientos de sangre, lo que, efectivamente, se consigue gracias a la organización modélica y resistencia que decide el Frente Popular, con la colaboración sindical y la lealtad de la Guardia Civil, que no apoya el alzamiento a pesar de las órdenes contrarias que recibe. Tampoco se suma la Guardia de Asalto, leal a la Delegación insular del Gobierno. Pero esta situación aislada sólo dura una semana, del 18 al 25 de julio.

El Ejército, al mando del comandante Baltasar Gómez Navarro, prefiere permanecer acuartelado ante la presencia en sus alrededores de las milicias populares, mientras el teniente de la Guardia Civil Dionisio Canales Maeso discrepa de dicho comandante y se mantiene fiel al Gobierno argumentando que esa es la misión encomendada a la Guardia Civil, reuniéndose en la tarde del 18 de julio con el delegado del Gobierno, Tomás Yanes Rodríguez, acordando lealtad y protección mutua, lo que resulta crucial para que de entrada no triunfe el golpe de Estado.

Los cañonazos disuasorios desde el buque de guerra Canalejas el 25 de julio contra el risco de la Concepción hace que la población dispuesta para la defensa se disperse, con lo que el desembarco en el puerto de Santa Cruz de la Palma de las tropas sublevadas se realiza cómodamente, acabando con la resistencia popular y el apoyo que la mayoría de los palmeros daban al gobierno republicano, huyendo hacia el interior y sus montes una parte de la población (los alzados), mientras las tropas golpistas arman a la Falange, que recorre la isla sembrando el pánico con detenciones, desapariciones y asesinatos, en medio de una represión inconcebible contra personas pacíficas por parte de falangistas, militares y guardias civiles, que rompen con la tradicional convivencia de los palmeros, que caen en una profunda tristeza al comprobar cómo tantas personas son maltratadas y hasta asesinadas.

La afiliación a la Falange aumenta en pocos días y hasta desde las izquierdas hay quien se pasa a ella y a Acción Ciudadana con tal de salvar su vida. El comandante militar de Canarias, Ángel Dolla, en una visita a La Palma, ordena la ejecución de los alzados que encuentren en los montes y de quienes actúan en sus redes de apoyo proporcionándoles ropa, agua y comida, calculándose en unos 47 los desaparecidos en la isla. Los falangistas dan palizas y aplican torturas, a veces por su cuenta para resolver cuestiones personales.

Actualmente la población está dividida entre quienes opinan que esto no se debe publicar para no remover aquella tragedia, y quienes defienden que la actual ciudadanía tiene derecho a conocer un suceso histórico tan relevante para evitar que se repita.

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