Sorprende que un asunto tan crucial para Canarias como es la calidad y dimensión de su crecimiento reaparezca en un periodo inhábil políticamente, auspiciado por unas declaraciones alarmistas del vicepresidente Román Rodríguez. Detalles escenográficos aparte, un aumento poblacional del 30% en lo que va de siglo debe ser motivo de preocupación, pero no de asombro: llevamos desde hace varias décadas sumidos en la teorización sobre la capacidad de aguante de las Islas, sin que ello haya servido para establecer un diagnóstico y una planificación.
Sería reduccionista circunscribir la cuestión a un mero problema poblacional y a la búsqueda en el marco de la UE de límites que no afecten al principio de la libre circulación de personas, dado que son los europeos los que más alimentan ese crecimiento y no los africanos como quieren hacer creer determinados discursos xenófobos. Tanto el análisis como la alternativas a tomar deben huir del populismo y afianzarse en el criterio técnico de los expertos.
Una acción política dirigida a enfriar el fenómeno poblacional pasa, principalmente, por atender a la progresión turística con el objeto de establecer qué capacidad de carga soporta el territorio, así como las diferencias a objetivar entre las islas. El desarrollo poblacional, aunque centrado en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, no les afecta de la misma manera ni tiene los mismos condicionantes, como tampoco es comparable con lo que ocurre en El Hierro, La Gomera y El Hierro, cuyo ritmo hace temer más por el fenómeno inverso: un mayor envejecimiento y despoblamiento.
El Consejo Econónico y Social (CES) vaticina en su informe que el Archipiélago canario dentro de once años llegará a los 2,5 millones de habitantes, una cifra, no obstante, que podría ir a más o a menos dependiendo de un contexto donde cada vez son más las incertidumbres globales. En todo caso, tras los efectos dañinos de la pandemia el constante flujo y reflujo de los turistas renace, a la vez que las islas avanzan en su consolidación como destino tranquilo, con un clima envidiable y cada vez más cotizado para una segunda residencia, o bien como alternativa laboral desde el teletrabajo o atrayente para la construcción o la hostelería
Nada es seguro en un mundo asediado por varios frentes, pero Canarias, lejos de una retracción, seguirá alimentando su PIB con el turismo. Una realidad y sus derivaciones que sin dilación alguna debe afrontar la comisión que ha promovido el Ejecutivo de Torres para estudiar el impacto del crecimiento poblacional. Una comisión, por cierto, que aún no tiene una composición, y de la que está por ver si empezará a funcionar en el tramo final de la legislatura.
Los indicadores son explícitos a la hora de fijar la causalidad entre superpoblación y entradas: el aumento durante dos décadas de 500.000 habitantes se alimenta de manera clara de las llegadas externas, 460.000, frente a un crecimiento vegetativo –diferencia entre nacimiento y defunciones– que no supera los 70.000.
El reto de la nueva comisión, por tanto, está en sus recomendaciones para sintonizar el crecimiento poblacional con la existencia de suelo, servicios esenciales (sanidad y suministros), movilidad, tecnología, telecomunicaciones, asistencia de la administración pública... La pregunta es si el Archipiélago está preparada para afrontar un horizonte de superpoblación, o bien puede colapsar por falta de recursos y por superar la capacidad de carga de su territorio limitado.
Canarias no es una novata en la articulación de elementos disuasorios. Las moratorias diseñadas por la gestión de anteriores gobiernos autonómicos trataron desde el ámbito urbanístico de congelar planes, una medida que acabó, en algunos casos, con fallos judiciales favorables a los afectados y que se tradujeron en indemnizaciones millonarias. Corresponde a los expertos pronunciarse sobre la efectividad de la medida, y si se trata de la única posible para ralentizar un crecimiento poblacional de las Islas Canarias.
El panorama para la comisión que estudiará el impacto del aumento de habitantes no es, ni de lejos, apacible. No tiene la varita mágica para un proceso que lleva décadas y décadas fermentando, es decir, su bisturí va a operar en la caja negra del orden económico y social de Canarias. De lo que no hay duda es que las propuestas que salgan de esa comisión pasan por un consenso que no sólo afecta a las fuerzas parlamentarias, sino también a los cabildos y ayuntamientos y a sus respectivos planes de desarrollo. Tanto los acuerdos a considerar como la aplicación de los mismos deben estar en consonancia con la urgencia de la que ha impregnado sus declaraciones el vicepresidente Román Rodríguez. Lo contrario no se entendería.
