El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes en Mallorca, tras su tradicional audiencia de verano con el rey, que entre las medidas aprobadas para luchar contra la inflación, la subida de los precios energéticos y contra los efectos de la inflación por la guerra en Ucrania se incluirá finalmente una mayor bonificación al transporte interurbano en Canarias y Baleares. Intentaba así el jefe del Ejecutivo corregir en parte la evidente discriminación que suponía para los dos archipiélagos respecto al gratis total contemplado para los usuarios de los trenes de media distancia y cercanías en la Península, y rodalies en Cataluña, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, en el decreto que a este respecto aprobó ese mismo día el Consejo de Ministros y pendiente aún de convalidar en el Congreso.

El hecho de que este nuevo olvido de las singularidades de los territorios extrapeninsulares, especialmente Canarias por su condición ultraperiférica, a la hora de adoptar medidas de carácter general tenga que ser corregido tras las primeras evidencias del agravio resume el modus operandi habitual de los políticos en Madrid y de la administración estatal en relación con las comunidades insulares. Pero el intento de arreglo por parte del Ejecutivo, incrementando del 30 al 50 % las ayudas para el transporte interurbano en Canarias (además de bonificar el 100 % del tren operativo en Mallorca y hasta un 70 % el interurbano en Menorca, Ibiza y Formentera), lejos de lograr ese objetivo, ha inquietado aún más a la ciudadanía canaria y a la mayor parte de las fuerzas políticas y administraciones de las Islas, y demás entidades económicas y sociales.

Actitudes como esta son las que demuestran hasta qué punto las decisiones que se toman en Madrid se miran con frecuencia con desconfianza y escepticismo desde Canarias, cuando no, como es el caso, con enorme cabreo e indignación. ¿Nadie fue capaz de advertir en el seno del Gobierno, incluida la canaria que se sienta en el Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que la bonificación del 100 % para los trenes operados por Renfe en los casos mencionados obligaba en justicia a una medida equiparable en el Archipiélago para que el efecto que se busca tuviera el mismo reflejo en la ciudadanía isleña? ¿Nadie en el equipo de Moncloa y gabinetes adyacentes ha sido capaz de alertar sobre el hecho de que en Canarias las guaguas son sus cercanías, y que era preciso arbitrar algo parecido al gratis total de los trenes en la Península, y ahora también en Mallorca?

La excusa de que la medida era aplicable para las empresas operadas por el Estado, como es el caso de Renfe, no tiene ningún recorrido. Si lo que se quiere, con muy buen criterio, es paliar el efecto de la inflación sobre el transporte público y que los millones de personas que se trasladan diariamente desde sus lugares de residencia a sus centros de trabajo no destinen una parte importante de sus ingresos a la movilidad, la medida debería garantizar desde el primer momento que los ciudadanos de todos los territorios accedan a esa ayuda en igualdad de condiciones. Y el decreto supone un claro agravio comparativo para los canarios en relación al resto del territorio nacional.

Si en las islas el transporte público está operado por empresas de titularidad pública, o con concesiones a compañías que reciben subvenciones de los presupuestos generales del Estado para garantizar este servicio público, la búsqueda de fórmulas para que las ayudas sean equiparables a las de los usuarios de los trenes en la Península no debería ser ningún problema irresoluble. Este debate apela también a la sociedad canaria y a su capacidad y sensibilidad, en el marco de la emergencia climática y también de la congestión de muchas de nuestras carreteras, para la racionalización del uso del vehículo privado y apostar por el del transporte público.

La reacción ha sido casi unánime en el Archipiélago. Solo los socialistas canarios se muestran por ahora timoratos en la respuesta, pero la grieta que al respecto se ha abierto en el Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres seguramente les obligará a reaccionar. Tanto Nueva Canarias, como Podemos Canarias y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), socios del PSOE en el pacto de las flores, han denunciado la situación y exigido, con distinta urgencia y diferentes matices, un descuento del 100 % para todo el transporte terrestre en las Islas, es decir, las guaguas urbanas e interurbanas, y el tranvía que enlaza Santa Cruz de Tenerife con La Laguna. El asunto ha tomado tal cariz que sin duda marcará la reunión que Sánchez tiene previsto celebrar con Torres desde su estancia veraniega en La Mareta, más allá de que, aún siendo una entrevista semiinstitucional y no directamente política, ambos mandatarios aborden algún otro de los muchos asuntos de la agenda bilateral entre Canarias y el Estado.

Especial irritación ha provocado en el Archipiélago que Sánchez haya tratado de vender este parche de última hora como una especie de regalo bajo el brazo como gesto con el que acompañar su, sin duda merecido, retiro vacacional en Lanzarote, como lo fue el hecho de que también anunciara la medida durante su paso por Mallorca. Una torpeza en toda regla que alienta la idea de que con demasiada frecuencia los políticos no tratan a la ciudadanía con el respeto que merece. Y esto no tiene nada que ver con la deslegitimación que algunos partidos y sectores parecen estar intentando hacer respecto del hecho de que el presidente esté pasando sus vacaciones en Canarias, una actitud populista y demagógica que también ofende a la inteligencia. De hecho, todo el mundo en las Islas celebra que él o cualquier otro personaje público venga de visita y ayude a promocionarlas como destino turístico. ¿Qué dirán cuando algún día el inquilino de La Moncloa elija, si es el caso, otro lugar para descansar?

En todo caso, su estancia en Canarias deberá servir una vez más al presidente para acercarle más a la realidad de la sociedad canaria y de sus singularidades en todos los ámbitos, y que tome conciencia de que cualquier medida de ámbito estatal debe ser siempre sometida a la luz del REF porque su aplicación en las Islas muy probablemente se verá afectada por el fuero canario, y eso obligará a ajustes para garantizar un trato de igualdad respecto al resto del territorio nacional. En el caso de las bonificaciones al transporte terrestre, se da la circunstancia de que, como han alertado algunos partidos políticos (NC y CC), el REF no discrimina entre transporte urbano e interurbano, sino que habla de «transporte insular integrado», y ello obliga a una aplicación por igual de las ayudas en ambos servicios. Sánchez no debería acabar sus merecidas vacaciones en Lanzarote sin haber decidido y ordenado arreglar el desaguisado que la nueva torpeza de su Gobierno ha cometido en Canarias. Buena parte de la ciudadanía isleña se lo demanda.