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Francisco Pomares

Vigilancia

Julio Pérez explicó ayer que la vigilancia para obligar a cumplir el paquete de medidas de eficiencia energética extraordinarias y para poner en marcha los sistemas de que aseguren el cumplimiento de esas medidas, aprobadas hace un par de días por el Consejo de Ministros , «ha empezado ya». Y yo no puedo dejar de sentirme estupefacto de que un tipo serio y sensato como el consejero Pérez pretenda hacernos creer la mamarrachada de que el Gobierno regional ha elaborado en dos días un plan de vigilancia de esas medidas y cuenta con los medios para llevarla a la práctica… pero si en la mayoría de las dependencias gubernamentales no hay siquiera forma de saber la temperatura media a la que se trabaja… en fin.

Pérez explica que la ley, que es de inmediata aplicación, establece que la vigilancia también debe serlo, y que esa vigilancia es competencia regional. No lo discuto, pero lo que digo es que todo esto es un fiasco, un brindis al sol, algo que es imposible implementar en el plazo de esa semana que el Gobierno ha decidido dar a comerciantes, empresarios y –no se nos olvide– a los gestores públicos, para que se cumplan las restricciones establecidas, garantizando un menor consumo de energía eléctrica.

En un país en el que cada vez es más frecuente escuchar voluntariosas declaraciones de intenciones que no llegan nunca a ningún lado, pero quedan bien, sería interesante que en vez de seguir con el juego este de lo que nos vamos a ahorrar en gasto energético poniendo los termostatos del aire a 27 grados y los de las calefacciones, cuando llegue el invierno a 19, nos ocupáramos de verdad de resolver los problemas del consumo eléctrico. Primero es de risa que en la España tropical se establezcan los mismos estándares que en Teruel. De risa. Pero tenemos un gobierno que piensa poco y actúa demasiado rápido en algunas cosas, como anunciar decisiones. En otras somos el hazmerreír de toda Europa: reducir el consumo energético es –más que una buena idea solidaria con los más afectados por la crisis de Putin–, una necesidad urgente para cumplir con la necesidad de frenar el cambio climático planetario. Y en eso vamos de culo y sin frenos.

Así, mientras Pérez nos explica que la ley es la ley y hay que cumplirla, Red Eléctrica Española nos cuenta, en su último estudio sobre consumo eléctrico regional, que Canarias ha aumentado su demanda eléctrica casi un 10 por ciento en el ultimo año. El aumento interanual de julio de 2022 fue del 9,9. A ver cómo se para ese crecimiento –que es el que al final cuenta, el que se mide y define nuestros hábitos– con órdenes o con más vigilancia a cargo de inspectores.

Lo que debería preocupar al Gobierno no es cómo preparar una logística de control para que se cumplan sus instrucciones (no las va a cumplir ni el propio Gobierno en sus instalaciones, empezando por el Parlamento, donde la temperatura es a veces tan gélida como dan a entender los poco acalorados debates), sino hechos como el que la producción eléctrica por ciclo combinado –muy contaminante y generadora de CO2– sea aún la primera fuente de generación, con el 40 por ciento del total, mientras la electricidad de origen renovable no llegue en Canarias ni al 30 por ciento. Pregunta al señor Pérez y al señor Valbuena: ¿Por qué no vigilan y cambian eso? Que eso sí es de verdad importante.

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