Hace algo más de un mes estuve en Urgencias con una gastroenteritis. Era mi primera vez en aquel lugar y aguanté menos de cinco minutos. Me pareció improcedente e injusto que mis vómitos, por incontrolables que fueran, se pusieran al nivel de los cuadros terribles de verdadera enfermedad que se alzaban ante mí. Me sentí indigno de estar allí y me fui a casa a atiborrarme de primperán. Sobreviví. Y hasta reflexioné.
Soy de los convencidos de que las desigualdades en una sociedad fuertemente capitalista y volcada en el consumo como la nuestra solo se mitigan cuando, en primer lugar, somos más los que tenemos la oportunidad de trabajar en lo que queremos y con una remuneración adecuada, y segundo, cuando nuestros servicios públicos reúnen el nivel deseable. No es igual cobrar una ayuda de subsistencia –y son muchas las personas que, incluso teniendo trabajo, viven gracias a ellas– cuando no es posible disfrutar de una sanidad de calidad, una educación pública actualizada y competitiva, un sistema judicial en condiciones o un transporte público eficaz y rápido. Pronto se cumplirán cuarenta años de uno de los logros de nuestro Estado social y democrático de Derecho, el Sistema Nacional de Salud que consagra la Ley General de Sanidad de 1986, y las dudas sobre la calidad de las prestaciones y servicios que recibimos siguen vivas. Esperas imposibles para pruebas de las que depende que sigas de baja o te incorpores a trabajar, una consideración muy mejorable hacia el profesional, obras perpetuas en instalaciones que ya nacen colmatadas… ¿Es sostenible el sistema? Es más, ¿tiene futuro?
Cae en mis manos un estudio en este sentido elaborado por Esade Institute for Healthcare Management y Antares Consulting, cuyos autores parten de una reflexión sobre las prioridades de gasto público y el porcentaje de producto interior bruto (PIB) que la sociedad puede destinar a la sanidad. A ello habríamos de acompañar una política fiscal eficaz que permita recaudar los impuestos necesarios para garantizar la viabilidad de la sanidad pública española de cara al futuro. Abogan por debatir en profundidad sobre la cobertura sanitaria, de manera que se consiga mejorar la cartera actual de servicios que el ciudadano percibe, sin que pierda rentabilidad. Y, por último, mejorar la gestión de los costes derivados de los procesos sanitarios. El estudio se completa con una retahíla respecto a la recaudación de impuestos en España y la necesidad de mejorar el rendimiento de nuestro dinero público. Para 2025, a las puertas de ese cuarenta cumpleaños del Sistema Nacional de Salud, el gasto en sanidad podría superar los 100.000 millones de euros. Ese monstruo insaciable que son los servicios públicos puede comer todo el parné con que lo amamantemos y no mejorar nada.
Reducir las listas de espera, dignificar los servicios de urgencias, mejorar las infraestructuras sanitarias y la atención a los crónicos, reforzar la atención primaria… Demasiados frentes. Las encuestas no dejan de mostrar que la sanidad está entre las grandes preocupaciones de la ciudadanía, pero los esfuerzos de un personal agotado y los millones que se inyectan no bastan si su dirección y gestión siguen fallando. Un servicio tan universal como deficitario.
Todavía hoy pienso en lo agradecido que estoy a quienes cuidaron y protegieron a mi padre durante su larga e ingrata enfermedad, tanto en atención primaria como en el hospital. Recordaré siempre hasta los nombres y las caras de muchos de ellos y de ellas. De sus esfuerzos nace el prodigio de nuestra sanidad pública, un pequeño gran milagro del que podemos presumir, con independencia de lo mal gestionado que llega a estar a veces, pero que se desangra a borbotones delante de nuestras caras. Ese pequeño gran milagro lo estamos pagando entre todos, y lo pagamos muy caro. Creo que merecemos que sea un poquito mejor.
