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José Luis Villacañas

Memoria histórica y democracia al paso

Es difícil sentir emoción al leer un texto jurídico. Sin embargo, no se puede leer la ley de Memoria Democrática sin que se te encoja el corazón. Se suele repetir que la ley es la pedagoga de los pueblos. Se debería leer esta norma porque es educativa. Si se cumple algún día en su integridad, estaremos en condiciones de contemplar la naturaleza, alcance y profundidad de la tragedia que siguió al golpe de Estado, la guerra de España y la posterior dictadura. Entonces podremos darnos cuenta de hasta dónde se extendió el estatuto objetivo de víctima. La dureza de nuestra historia es tal, que muchos no se sintieron entonces incluidos, dada la naturalización del sufrimiento entre nosotros.

Creo que despertar este tipo de sentimientos es adecuado para conformar una ciudadanía que apueste con valentía a favor de los valores democráticos y los derechos humanos. Y este es el principal beneficio que promete la ley. Enseña que quebrar la democracia es la fuente de un sufrimiento tan generalizado, de una producción tan ingente de víctimas, que hace imprescindible apostar por ella. La otra opción es el crimen. Así de sencillo. Nadie estará a salvo si una sociedad se niega a reconocer los derechos humanos. Una vez se violan, nadie sabe dónde se pondrá el límite.

Hasta ahora se suponía, por una deformación producida por la opinión publicada, que las víctimas de la sublevación, la guerra y la dictadura se concentraban en aquellas personas que aparecían en las exhumaciones, aquí y allá, con trabajo y esfuerzo. Hay que desterrar esta impresión. Necesitamos una mirada global, completa, integral, que efectivamente genere un censo de todas las víctimas, un archivo de todos los documentos, una fiscalía de todas las causas. Entonces estaremos en condiciones de entender lo que significó aquel infierno.

En efecto, sobrecoge leer la lista de los tipos de víctimas que generó aquella época, desde las culturas y las lenguas de las naciones españolas, a las personas con orientaciones sexuales que hoy reconoceríamos integradas en los colectivos LGTBI; desde el pueblo gitano, a los bebés raptados. Por supuesto que la declaración del golpe de Estado como ilegal e ilegítimo, sus consecuencias y todas sus actuaciones jurídicas (incluidas el ennoblecimiento de muchos de sus actores principales), es originaria, pero se impone además por su capacidad de producir una masiva tragedia sobre nuestros pueblos. Sin embargo, lo más importante de la ley, lo que concierne realmente a su voluntad de operar con criterios morales, reside en que define las víctimas al margen de su pertenencia a un bando u otro en la Guerra de España. En efecto, la ley promueve un censo de víctimas generales de esa guerra, se conozcan o no sus victimarios, fuera cual fuera el motivo de persecución: ideológico, religioso, político, cultural, económico o sexual. En ese censo, con sus derechos de reconocimiento, podrán estar reunidas todas las víctimas de una actuación bélica cuyos responsables últimos fueron los militares rebeldes.

Cuando se leen sus cincuenta páginas, uno está inclinado a preguntarse: ¿qué impide a cualquier demócrata de derechas o de izquierdas firmar esta ley? Está avalada por los informes del relator de la ONU, el filósofo Pablo de Greiff, por los antecedentes de Nuremberg, por el Consejo de Europa, por los pactos firmados por España en diversos tratados internacionales. ¿Qué indispone a la derecha con esta ley? ¿Que se declare ilegítimo el franquismo? Ya lo hizo una vez. ¿Por qué no es capaz de atenerse a aquella declaración? ¿Molesta que se enseñe en las escuelas que la Guerra Civil y la dictadura significó una ingente tragedia? ¿Puede enseñarse algo alternativo? ¿Que se afirme que en 1983 todavía existía un dispositivo policial ajeno al espíritu constitucional? ¿De verdad nos asombramos de esto, después de lo que sabemos de la policía patriótica y de Villarejo? Así que la pregunta es: ¿por qué la derecha de este país no puede reconocer que su espíritu democrático le impide sentirse vinculada a cualquier aspecto del régimen de Franco?

Invoco un artículo reciente de Aznar, en el que con razón recuerda lo que ha hecho el Estado por las víctimas. ¿Pero ha hecho lo suficiente? Aceptemos que el punto cuestionable sea «la mentira histórica de la perpetuación del franquismo hasta 1983». ¿Por qué no se asume su condena hasta 1978? Esto es curioso. La derecha española quiere celebrar la transición y al mismo tiempo no romper con el franquismo de forma sana y sincera. Eso no es posible. Pero esta ley solo reconoce y beneficia a las víctimas. ¿Por qué se comporta la derecha como si tuviera más consideración con los victimarios?

El argumento que dignifica a las víctimas no es político. Es moral. No sabe de derechas o de izquierdas. Sabe de dignidad humana. ¿Por qué entonces Aznar afirma que la ley cuestiona la reconciliación nacional como piedra fundamental de la Constitución? ¿Es acaso esencial a la Constitución no reconocer íntegramente a las víctimas de la rebelión, la guerra y la dictadura? ¿Por qué Aznar no considera que reconocer a todas las víctimas mejora la reconciliación? ¿Por qué mezcla, sin el menor rigor analítico, este asunto con la cuestión de ETA, que puede albergar puntos no resueltos, ciertamente, pero que es otro problema? No enturbiemos el juicio que condena una violencia con la consideración a destiempo de otra. Vayamos por partes. Desdichadamente, hay muchas cosas pendientes en este país.

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