Ni usted, que me lee, ni yo, que le escribo, sabemos qué es exactamente la Ley del REF. Esa de la que habla todo el mundo. Pero sí le aviso que no es una ley hecha solo para los empresarios, como dice esa izquierda nostálgica de aquellos tiempos en los que aún no habíamos descubierto la fosa séptica del comunismo y sus desastres sociales.
Después de conquistar Canarias a sangre y fuego de arcabuz, los reyes de Castilla y Aragón le ofrecieron enormes ventajas a quienes estuvieran dispuestos a venirse aquí abajo, donde el diablo perdió los cuernos. Menos impuestos, aranceles más bajos y el derecho a comerciar con América, que era un monopolio de algunos puertos peninsulares. Y así estuvimos algunos cientos de años, no demasiado mal. Pero en 1821, a algún listo se le ocurrió poner un arancel general en España, sin exceptuar a las Islas Canarias. Y nos hicieron un descosido. Poner impuestos aduaneros –los malditos aranceles– encareció las importaciones y las islas entraron en una espiral de pobreza y hambruna.
Fue un destrozo. Hasta que en 1852, un tal Bravo Murillo decidió aprobar un decreto llamado de Puertos Francos en el que devolvía las libertades comerciales al Archipiélago, liberado de impuestos y aranceles aduaneros. «Sueltas las trabas que embarazan ahora la acción mercantil, se formará allí naturalmente un gran centro de contratación, acudirán los capitales, se crearán establecimientos, se fomentará el trabajo; y aquellas islas, ahora olvidadas, serán el enlace y el punto de comunicación de apartados continentes» dijo Bravo Murillo. Y acertó. Las cosas mejoraron.
En 1972, en plena dictadura, se aprobó una Ley de Régimen Económico y Fiscal que por un lado recortaba algunas libertades puertofranquistas, pero que por otra seguía manteniendo las diferencias de Canarias con el resto del Estado. A partir de ahí todo fueron reformas y recortes. Hacernos europeos supuso renunciar a muchas ventajas fiscales. Pero a cambio nos siguieron subvencionando la luz y el agua, los pasajes a Godilandia y el transporte de mercancías entre otras muchas cosas. Y nos vinieron más millones para el plátano y el tomate. Nos dieron una pasta a cambio de que perdiéramos nuestras libertades.
El REF es, entonces, básicamente, eso. Un contrato por el que nos pagan a cambio de no ser libres. Una pensión de discapacidad. Una ley para ultraperroflautas mantenidos. Por eso la celebramos con tanto entusiasmo. Como ese leal bardino agradecido porque hace cincuenta años le pusieron una cadena más larga. ¡Guau!
