Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas, dijo el viernes en la comisión parlamentaria de control de la tele que el sistema de gestión de la Radiotelevisión Canaria es “diabólico”. Lo dijo porque ese sistema se basa en la aceptación continuada y sistemática de irregularidades en la contratación, que se justifican en la ausencia de un mandato marco, cuya aprobación –ordenada por la ley- la mayoría parlamentaria bloquea persistentemente.
La inexistencia de un mandato que defina si la tele canaria debe ser gestionada de forma pública, mixta o privada, es utilizada por los gestores de La Canaria para justificar irregularidades en la contratación directa de personal a través de ETTs, el fraccionamiento reiterado de contratos, la inexistencia de concurrencia y transparencia en las adjudicaciones, la utilización del procedimiento de urgencia en contratos perfectamente previsibles, o la ausencia de documentación que acredite el pago de derechos en programas que se adjudican directamente alegando que esos programas responden a una propiedad intelectual única.
Lo que el informe de la Audiencia viene a decir es que la tele actúa en muchas de sus contrataciones al margen de la legalidad. Pacheco lo dejó claro, lo que se hace en la tele es lo fácil: contratar sin licitar, fraccionar contratos, y no hacer el trabajo que exige el cumplimiento de la ley. Eso ha provocado que en el ejercicio 2020 se realizaran más de 2.500 contratos por 31,5 millones, y de ellos la inmensa mayoría se adjudicaran de forma directa. En sólo un año, Francisco Moreno adjudicó por vía digital –como le plujo- la mitad del presupuesto de la televisión canaria, alrededor del 90 por ciento del presupuesto no destinado a pagar salarios. Pero no solo se recurre a la contratación directa por sistema, como denuncia en su informe la Audiencia, es que –además- esos contratos se ocultan, no se publican en la web de la tele, no son ‘transparentes’ como establece el art 63.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. La Audiencia señala también que muchos de los expedientes de contratación carecen de parte de la documentación exigida, o se les aplican trámites que no proceden, o carecen de las tres ofertas que deben acompañar las contrataciones menores que superen ciertas cantidades.
En resumen, Moreno gestiona la tele pública como si fuera su finca particular, incumpliendo sistemáticamente la ley de contratos del sector público, sin publicar acuerdos y conciertos, y sin rendir cuentas a nadie. Eso explica varias cosas. Por ejemplo, la oposición de tres de los cuatro partidos que sostienen el Pacto de las Flores, a la constitución de la Junta de Control de la Tele Canaria, bloqueada en los últimos cinco años en nueve ocasiones en el Parlamento. O las modificaciones producidas año tras año –todos los años desde 2018- a la ley de la tele, que es hoy un palimpsesto inextricable, construido a base de remiendos para adaptar la ley a las necesidades y decisiones del administrador único. O que el presupuesto para contrataciones se haya disparado incorporando crédito nuevo en los últimos años. O que Moreno se mantenga como administrador único de la tele después de haber sobrepasado su periodo de mandato, porque el Gobierno así lo quiere.
¿Y porque ocurre todo eso? Básicamente porque la tele se ha convertido desde hace ya algunos años en el mayor fondo de reptiles de la política canaria, permitiendo la instauración de un sistema que permite compensar a periodistas y empresas dóciles con el Gobierno o alguno de sus miembros, cuando no sostener empresas vinculadas a personalidades del propio Gobierno, a quienes prestan o han prestado servicios en pasadas campañas electorales. La cuestión es si este sistema –que mueve como moscas alrededor de un tarro de miel a los partidos –incluso de la oposición-, acabará revelándose tan obvio que provoque reclamaciones de carácter patrimonial a los gestores de la televisión. A preguntas del socialista Iñaki Lavandera, Pedro Pacheco contestó que sí, que eso podría ocurrir. Supongo que dependerá de cuanto se sostenga este sistema con cuernos y rabo que a veces se evidencia por el enfrentamiento en el reparto entre algunas empresas favorecidas.
