El PSOE y Unidas Podemos han logrado salvar la ley de memoria democrática –oficialmente difunta hace una docena de días– gracias al apoyo del PNV, Bildu y el PdeCAT, tres partidos que cuestionan abiertamente la integridad de nuestro país, y uno de ellos heredero de ETA. No es algo sorprendente: perdido el apoyo cerrado de Esquerra a todas sus políticas, Sánchez ya sacó la ley de los planes de Pensiones, o logró revalidar el primer decreto para paliar las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, pactando con esos partidos. Ahora Esquerra ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto, manifestando su exigencia de que se produzca la derogación de la Ley de Amnistía del 77, una ley clave para que se produjera la Transición.
Legislar sobre la memoria es ya de hecho un absurdo, un contrasentido, porque la memoria –como los derechos- no pertenece a las sociedades, sino a las personas. Todos tenemos un derecho inalienable –y de facto intocable– a la memoria, como lo tenemos al pensamiento. Lo que creemos, sentimos o recordamos no puede ser establecido por ley. No se puede prohibir a la gente que piense o recuerde lo que quiera pensar o recordar, porque pensamiento y memoria forman parte de la intimidad personal y nos definen como individuos. Los gobiernos pueden legislar y pueden prohibir la exaltación del fascismo, o de esa vertiente local y descafeinada del fascismo o el nacional-socialismo que fue el nacional catolicismo. El Gobierno puede decretar que desaparezcan imágenes y símbolos franquistas, incluso exigir en nombre de la pureza democrática de nuestros recuerdos que desaparezca de nuestras calles y plazas y monumentos, parte de nuestra historia. Es lo que hizo el franquismo después de la guerra –señalando como ilegítimos los recuerdos que tuvieran que ver con la república, la democracia o la libertad, y lo que parecen ahora decididos a hacer –en sentido contrario- nuestros actuales gobernantes. Restituir lo que se nos quiso hacer olvidar a la fuerza es un ejercicio de justicia, pero incluso en la ejecución de medidas correctas se requiere cierta prudencia: el exceso puede llevarnos al ridículo de proponer retirar del callejero de Palma el nombre de la ciudad de Toledo, por ser fascista, o eliminar a los almirantes del XIX, Churruca, Gravina y Cervera, por su origen franquista. Se trata de una cancaburrada, que el Ayuntamiento de Palma –gobernado por el PSOE y Podemos– intentó después arreglar explicando que los barcos bautizados con esos nombres sirvieron con la armada nacional. Lo empeoraron, porque el Gravina y el Churruca sirvieron toda la guerra en la flota republicana, y sólo el Cervera, fue obligado a incorporarse a los sublevados en el Ferrol. Pero es que las calles de Palma estaban dedicadas al Almirante Churruca, al Almirante Gravina y al Almirante Cervera, no a los buques -Churruca, Gravina y Cervera– bautizados sin grado castrense. En todas partes cuecen habas, y el catálogo de disparates planteados en nombre de la memoria primero histórica y ahora democrática se expande por todo el territorio nacional.
Pero lo peor de la ley resucitada es su propia idiocia: quienes la hayan redactado no saben escribir. El proyecto está redactado en ese lenguaje cantinflesco que usan los políticos para juntar palabras y que suenen como lo que no se atreven a decir. Tratándose de un texto sobre la memoria de colectiva de todos los españoles, pero que sale gracias al apoyo de los españoles que no quieren serlo, algunas de las mejores perlas cultivadas tienen que ver con lo que la ley ya no define como lengua materna, sino como lengua propia. Una: la ley dice que el Gobierno y las administraciones se comprometen a articular «todos los mecanismos, procedimientos y recursos necesarios para realizar una evaluación exhaustiva y profunda de la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo, así como de sus efectos sobre la realidad sociolingüística del Estado». Otra: «Se consideran víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas». El Gobierno ha tenido que aclarar que el texto se refiere a «la cultura realizada en esas tres lenguas, no a la hecha en castellano en esos territorios», ozú. ¿Otra? «A los efectos de esta ley se considera víctima a toda persona que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico». ¿Cómo puede una persona sufrir daño físico, moral o psicológico colectivamente? No me caben más en esta tira, pero el proyecto está plagado de falsedades históricas, ideología de garrafón y errores sintácticos y gramaticales. Es un inolvidable desastre.
