La inflación del 1,8% en el mes de junio, estimada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), aumenta la tasa anual hasta el 10,2%, lo que supone una pésima noticia para la economía canaria y española y revela los límites de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al desatado incremento del coste de la vida.
A la espera de conocer el efecto del segundo paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros el sábado de la semana pasada, ahora estaría bien que el Gobierno de Canarias se pusiera a la labor de reforzar las suyas. La mejora de los ingresos fiscales por el fortalecimiento de la economía con la recuperación del turismo y por la propia inflación, que hasta ahora ha permitido recaudar más a través del consumo local tras dejar atrás lo peor de la pandemia, y la interesante contención de la deuda pública autonómica dan un importante margen de maniobra a la Comunidad Autónoma para fortalecer sus iniciativas contra la inflación.
El dato actual nos indica que el poder adquisitivo de los canarios y del conjunto de los españoles se ha deteriorado tanto en un mes, el de junio, como durante todo el año 2022. Este deterioro constituye, por lo tanto, una amenaza de primer orden para la estabilidad económica, y tendrá un impacto profundo sobre el nivel de vida de todos los sectores sociales, particularmente, los más vulnerables. Por otra parte, como la historia ha demostrado, también constituye un peligro para la salud de nuestras instituciones democráticas. Da pie al desarrollo de populismos de uno y otro signo que buscan inestabilidad y cambios radicales que en rara ocasión se traducen en beneficios del algún tipo para la ciudadanía. Más bien todo lo contrario.
¿Qué puede hacerse, a la espera de las decisiones del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés? Sabiendo que tampoco podrán ser tan contundentes como cabría pensar en otra coyuntura, si no se quiere provocar la temida estanflación. Cuando el INE disponga de los datos definitivos de junio, el Gobierno de la Nación, y todas las administraciones tendrían que sumarse a la tarea de examinar en qué sectores se ha producido una mayor tensión inflacionaria. Podría ocurrir que, en algunos casos, relacionados con los alimentos, las bebidas y la restauración, las ayudas proporcionadas no hayan servido para controlar los precios, sino todo lo contrario.
Los males de la economía española tienen que ver con la desconfianza de sus actores. Y en un contexto tan adverso, la confianza solo se podrá recuperar si las principales fuerzas políticas llegan a un acuerdo. Apoyando un pacto de rentas, como se hizo hace 45 años, cuando la inflación alcanzó el 23% y amenazó con derribar la frágil democracia española. Los tiempos no son los mismos, pero como hemos visto en la cumbre de la OTAN, Europa hace frente a una guerra que puede ir para largo. Y las guerras siempre han requerido de acuerdos de Estado para hacer frente a sus consecuencias.
Por mucho que se trate de un fenómeno más general, no podemos resignarnos a semejante inflación. Aun sabiendo que las causas de que siga disparada este año están en la guerra de Ucrania desencadenada por Vladímir Putin, ningún país que aspire al bienestar y a la cohesión social puede quedarse de brazos cruzados. Tampoco es excusa pensar que nada se puede hacer puesto que la política monetaria no depende de los gobiernos.
Las medidas adoptadas hasta ahora para paliar el deterioro de las rentas más bajas pueden parecer oportunas, pero se demuestran insuficientes. Cualquier intento de combatir la desigualdad queda en agua de borrajas si la inflación crece a un ritmo tan disparatado. La inflación es ya un problema grave. Y esto afecta desde los salarios al ahorro, que ven erosionado su poder de compra. La inflación erosiona el poder adquisitivo de los salarios.
El pacto de rentas que reclamaba el Gobierno mediante el que los sindicatos deberían aceptar limitaciones en las alzas salariales y las patronales, en los márgenes y beneficios, no ha sido posible. También el ahorro pierde valor. La retribución de las cuentas y depósitos es prácticamente nula. Y así seguirá hasta la primera subida del precio del dinero en julio. La única vía de ganar rentabilidad es asumir mayores riesgos en la bolsa, pero hay mucha volatilidad.
Las pensiones son otra renta afectada. Los pensionistas se han visto beneficiados por una paguilla para compensar el desvío con respecto a la inflación estimada que sirvió para actualizarlas en 2021. En 2022 deberán revalorizarse a partir del nivel que se alcance el próximo noviembre y así ha de suceder cada año después de que se aprobara subirlas al igual que el IPC. Las estimaciones en torno a la inflación media para este año llegan incluso a superar el 7%. Esas compensaciones lastran al conjunto de las políticas públicas.
Otra de las rentas afectadas son los alquileres. Ya vemos que en Canarias las obras públicas en marcha se encarecen o que las que salen a concurso quedan desiertas porque las constructoras consideran que el presupuesto no cubre los nuevos previos de los materiales. Además, los altos costes energéticos lastran a las empresas y a los hoteles, que ven como vuelven los clientes, pero los márgenes se reducen por los precios de la energía o los alimentos. Es la terrible espiral a la que conduce la inflación que todo lo devora.
Compensar el alza de los precios de los combustibles, ayudar a los usuarios del transporte público y aprobar bonificaciones para las rentas más desfavorecidas son decisiones bienintencionadas, pero que pierden su eficacia en cuanto la inflación pasa de los dos dígitos. El hecho de que la inflación subyacente –aquella que no tiene en cuenta la energía y los alimentos frescos– haya aumentado el 5,5% indica que la actuación gubernamental tiene que ir más allá. Con medidas quirúrgicas más precisas, destinadas a los sectores más inflacionarios, y con una propuesta de pacto de Estado con todas las fuerzas sociales y políticas dispuestas a arrimar el hombro.
