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observatorio

Catástrofe alimentaria global

En 2020 tuvimos la diplomacia de las mascarillas, por la que los distintos países productores de equipamientos sanitarios, y muy especialmente China, intentaron liderar el relato de la solidaridad ante la pandemia regalando materiales a todo el mundo. Europa y Estados Unidos, con limitada capacidad de producción y dificultades para gestionar la primera ola de covid-19, quedaron descolocados. En 2021 llegó la diplomacia de las vacunas. Rusia y China amplificaron el marketing de (limitadas) donaciones de vacunas a los países emergentes y en desarrollo mientras Estados Unidos y el Reino Unido se reservaban sus vacunas para su población, y la Unión Europea, como siempre, era quien más vacunas exportaba, pero sin lograr comunicarlo demasiado bien ni a su población ni al resto del mundo (suele pasarnos lo mismo con la ayuda oficial al desarrollo y con otras iniciativas de cooperación internacional; hacemos mucho y lo vendemos mal).

En el primer episodio no hubo iniciativas de coordinación internacional que facilitaran una producción y distribución eficiente de los equipamientos médicos. Fue la ley de la selva. En el segundo, se intentó –mediante la iniciativa COVAX– llevar a los países más pobres vacunas suficientes. Fue una propuesta liderada por los países ricos, pero, al final, la inmunidad a los países más pobres ha llegado más por los contagios de la variante ómicron que por el éxito del despliegue de COVAX. Si en un ejemplo tan claro de «bien público global» como la salud ante un virus que cruza fronteras y va mutando cuánto más se extiende, la comunidad internacional no ha estado a la altura, las perspectivas ante los retos globales futuros, sobre todo el cambio climático, no son demasiado halagüeñas.

Y eso nos trae a la actualidad, a la crisis alimentaria que ya ha comenzado y a la diplomacia de los alimentos en la que nos vamos a ver inmersos. En palabras de The Economist, viene una catástrofe alimentaria de enormes proporciones en algunos países de renta baja y media de África y Oriente Medio. Y la causa no es otra que el aumento del precio de los cereales, los fertilizantes y la energía por la invasión rusa de Ucrania (ambos países solían exportar más del 25% del trigo mundial). Aunque la subida del precio del pan también afectará a los países avanzados como España, nosotros, en promedio, dedicamos alrededor de un 20% de nuestra renta a la alimentación (y, además, tenemos más mecanismos para amortiguar el golpe), pero en los países de África Subsahariana se gasta de media más del 40% de lo que se ingresa en comida. Como resultado, se estima que cerraremos el año con más de 1.600 millones de personas sin un acceso adecuado a los alimentos, 440 millones más que en años anteriores, de los que 250 millones ya están al borde de la hambruna. Esto da al traste con las excelentes cifras globales de reducción de pobreza extrema y hambre que el mundo llevaba décadas experimentando, pero que la pandemia ya había truncado en 2020 (el impacto será mucho menor en Asia, tanto porque el precio del arroz apenas está subiendo como porque la pobreza extrema se ha venido reduciendo mucho más rápido).

El mundo tiene, por tanto, una responsabilidad compartida: evitar estas hambrunas. Y si los argumentos morales no son suficientes –algo que, desgraciadamente, a veces sucede– se debería actuar por motivos estratégicos. Las hambrunas de hoy son las migraciones de mañana, sobre todo hacia los países europeos.

Hace décadas que el economista indio y premio Nóbel Amartya Sen demostró que el hambre nunca es consecuencia de una insuficiente producción de alimentos, sino de problemas políticos o logísticos que no permiten que los alimentos lleguen a quienes los necesitan. Pero también sabemos que, como resultado del cambio climático, las mejoras en la tecnología de la producción de alimentos –que han sido espectaculares desde la revolución verde de los años setenta– encontrarán más obstáculos, sobre todo ante el aumento de la población que todavía tendrá África. Además, si la situación no fuese suficientemente compleja, tenemos elementos geopolíticos. Desde el Gobierno ruso, y con ayuda de algunos de sus países simpatizantes, se está impulsando un perverso relato según el cual la culpa del hambre la tienen la globalización económica y las sanciones occidentales a Rusia, al tiempo que se bloquean los puertos ucranianos desde los que se exportaba trigo y se sugiere que los cereales rusos irán a sus aliados. Es urgente contrarrestar este discurso explicando que sin la injustificada invasión rusa de Ucrania no habría aumento del hambre. Y, sobre todo, hay que tomar medidas para resolver la crisis. Es necesario evitar las restricciones a la exportación de los países con capacidad de producción, aumentar los cultivos allá donde sea posible, poner transitoriamente los alimentos que se utilizan para producir biocombustibles en manos de las poblaciones necesitadas y hacer un esfuerzo financiero y logístico para asegurar que los países más pobres puedan costear los alimentos que necesitan importar.

La última vez que los precios de los alimentos subieron con intensidad, en 2010, la desesperación (y otros factores) llevaron a las primaveras árabes. Hoy, tras la pandemia y la crisis económica, las poblaciones de nuestros vecinos en el norte de África son más extensas y vulnerables. Es primordial prestarles ayuda.

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