A instancias de la Organización de las Naciones Unidas, cada 15 de junio se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Y es que cada vez existen más indicios de que este fenómeno se está revelando como uno de los más impactantes desde el punto de vista social. Tratado hasta hace bien poco como un asunto de la esfera privada (similar, en cierta manera, a la lacra de la violencia de género), en la actualidad continúa considerándose un tema tabú, subestimado y alejado del foco mediático. También desde la Organización Mundial de la Salud se define como «un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza».
Las formas que adoptan estas vejaciones son muy diversas y van desde la esfera física (que incluye el abuso de fármacos) a la psíquica, pasando por la emocional (con las humillaciones como protagonistas), la económica (destaca la utilización de las pensiones de los abuelos para ayudar a la economía familiar o la exigencia de donaciones en vida de dinero o propiedades) e incluso la institucional (sin ir más lejos, la reducción presupuestaria de las partidas dedicadas a la dependencia). Asimismo, pueden ser ejercidas de forma intencionada o por simple negligencia, y de un modo activo o pasivo.
Bajo una envoltura de indolencia, exceso de familiaridad, desprecios recurrentes y al margen de cifras constatables sobre el número de afectados o en una coyuntura de peligro, la evolución al alza de estos contextos se está imponiendo. Y, aunque el maltrato corporal resulta más fácil de descubrir, el psicológico se halla más extendido. Su incidencia desde el punto de vista moral queda fuera de toda duda. Sin embargo, su magnitud real todavía es poco conocida, ya que en las áreas de Atención Primaria y Servicios Sociales carecen de la suficiente dotación para detectar una problemática que, en consecuencia, permanece oculta. Aun así, ya se están disparando las alarmas que alertan sobre la incidencia y la reincidencia de estas conductas.
Paralelamente, se da la triste circunstancia de que, de unos años a esta parte, se ha incrementado asimismo en un grado notable el número de casos de agresiones a progenitores por parte de sus hijos. Sin embargo, no existe un recurso tan recomendable como el de un teléfono específico destinado a llamadas de emergencia similar al 016, pese a hallarnos ante un colectivo cada vez más numeroso y que, a menudo, padece una gran indefensión.
Otro aspecto importante a considerar es que ni todas las víctimas denuncian los hechos, ni la mayoría de los procesos judiciales en marcha llegan a resolverse. Apenas un diez por ciento se anima a dar el paso y las razones son múltiples. Si a la imperdonable lentitud de la justicia se añade el escenario de que los denunciantes suelen vivir bajo el mismo techo que los denunciados, retirarse antes de comenzar la batalla en los tribunales parece bastante lógico. Pero el motivo de mayor peso es, incuestionablemente, el relativo al vínculo afectivo existente entre las partes. Así, tres son los pilares que sostienen la negativa a continuar adelante: el miedo, la vergüenza y el sentimiento de culpa. Los afectados ceden por temor a las represalias y por la sensación de fracaso al haber alcanzado tal nivel de conflicto. Más legislación y mejor formación específica a quienes trabajan en el sistema penal (policía, abogados, fiscales, jueces…) también contribuiría a reducir estos abusos y a asistir adecuadamente a sus víctimas. Urge, pues, un posicionamiento firme por parte de las Administraciones, tendente a su protección efectiva. Y, en todo caso, ha de retornar el respeto y agradecimiento a estas personas de edad que integran uno de nuestros grupos más vulnerables. Porque lo contrario nos convierte directamente en cómplices.
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