Opinión | Manual de objeciones
Quién nos defiende
Lo que son las cosas de la vida. Cuando el año pasado conocimos las inversiones directas del Estado en Canarias para 2022 nos agarramos una nueva calentura, porque una vez más nos hacían el truco del almendruco. La ley dice que no se pueden gastar menos perras en las islas que la media de lo que se gaste en el resto de España. Pero que si quieres arroz Catalina. En Madrid, que se las saben todas, siempre acaban mezclando churras con merinas. Y cada vez que tienen que justificar que nos cierran el grifo echan mano de la pasta se gastan en compensar el hecho insular: que si la subvención al transporte, que si la luz… O sea, que ya vamos servidos y si protestamos es por puro vicio.
Resulta inútil explicarles a los protogodos con manguitos que los fondos destinados a igualar a las Islas con el territorio continental no se pueden contabilizar en las inversiones ordinarias del Estado. Año tras año nos hacen la misma jugada, con la complicidad de algunos palmeros gubernamentales residentes en Canarias.
Pero si nos parecían pocos los 360 millones que se destinaron a las islas en las inversiones directas para este año hay que ver la cara de pasmado que se le queda a uno cuando descubre que faltan por ejecutar 126 millones de los 350 que nos habían prometido para el año pasado. Y esto ya no es por mala uva, sino simplemente porque las administraciones públicas no funcionan aunque sea el momento en que más impulso económico nos hace falta.
Si existe un lugar de España donde la inflación puede hacer estragos es en un archipiélago que, por pura necesidad, depende del transporte aéreo y marítimo para sus importaciones y exportaciones. Con los peores salarios del país y con la mayor tasa de paro, con cuarenta mil pensionistas no contributivos que malviven y trescientas mil personas coqueteando con el hambre pura y dura, esta tierra vive en el filo de un cuchillo. El repunte del turismo ha inyectado algo de vida en el torrente sanguíneo de una Comunidad que estaba agonizante. Pero como a perro flaco todo son pulgas, esa nueva fiscalidad verde a la aviación, que aplicará la Unión Europea, nos pone al borde del precipicio.
¿Quién nos puede salvar? El de siempre. O sea, el Gobierno made in Spain. Entonces échate a temblar. El que incumple las leyes con Canarias. El que tiene ministros como el señor Albares, titular de Exteriores y Predicciones, que anunció un descenso de emigrantes a Canarias justo la semana antes de que llegaran medio millar de personas. Gente muy bien informada.
Buenas intenciones
Ya sabemos que el infierno está empedrado de buenas intenciones. El ministro, Alberto Garzón, responsable de Consumo, ha anunciado que va a obligar a las grandes compañías a atender las llamadas de los ciudadanos en menos de tres minutos y a las compañías de luz o de agua a reponer los servicios en menos de dos horas. ¿Va a mandar a ejecutar sus órdenes a las fuerzas de la OTAN? Porque si no es así, me temo que a los usuarios nos van a seguir despachando con el mismo desprecio y desconsideración. Porque para ser creíble quien primero tendría que cumplir con esos principios serían las administraciones públicas. Y no lo hacen. Centros de Salud que no contestan, grabaciones eternas que no te llevan a ningún sitio, colas insoportables en la Seguridad Social, dos años para obtener una ayuda de dependencia… El maltrato de las grandes compañías con los ciudadanos solo se podrá arreglar cuando se canalicen las protestas de los clientes y acaben, si les asiste la razón, en indemnizaciones. Cuando no contestar acabe reventándoles el bolsillo. Y para eso hace falta ponerse al servicio de los ciudadanos, ofrecerles ayuda para presentar sus protestas fácilmente y ejecutar las sanciones económicas, cuando corresponda. Si se hiciera así otro gallo nos cantaría. Pero este es el país del vuelva usted mañana. O el del no sabe, no contesta. Aquí el que paga impuestos no manda y el cliente nunca tiene la razón. España, pues.
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