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Francisco Pomares

Barbas en remojo

Durante ocho años –los años que gobernó Paulino Rivero-, Willy García, sin control ninguno del Parlamento ni del Consejo de Administración de la televisión canaria, gestionó como a él le vino en gana casi 350 millones de euros, y eso sin contar los numerosos convenios con departamentos del Gobierno, de los que no existió jamás control alguno. La mayoría de esos convenios fueron con la Consejería de Turismo, controlada directamente por Rivero, y con la participación de empresas de fuera de Canarias, desconocidas en el sector. Willy repartió munificentemente a quien a él se le antojaba, y sin dar cuentas. De hecho, no logró que las oficiales se las aprobaran nunca, hasta que el nuevo Consejo recién llegado, con él ya fuera y con un despiste de narices, le aprobó graciosamente las de 2014, con el voto favorable del PSOE, de Coalición y de parte del PP.

Las irregularidades de aquel Willy con multimillonarios recursos en tiempos de gran escasez presupuestaria y grave crisis económica eran conocidas por los responsables políticos y los medios, pero fueron silenciadas por la mayoría de ellos. Coalición solo se interesó por el asunto cuando comenzó a decaer el paulinato. El PP no hizo nada hasta que dejó de gobernar con Rivero y el PSOE, que fue ariete de Willy durante la primera legislatura paulina, prefirió, ya en el Gobierno, guardar silencio ante sus excesos y montarse una ley para sustituirlo, casi en el último día de Rivero. Nueva Canarias miró siempre para el Cebadal, dejando solo a su representante en el Consejo, Miguel Guerra, el único que fue capaz de cantarle las cuarenta a Willy durante ocho años, con valentía y decencia pero nulo apoyo de los suyos. Willy utilizó el dinero público y la fuerza de la televisión para construirse una gigantesca red de protección con la que durante años se sintió inmunizado ante todas las críticas y denuncias. Con el dinero destinado a producción compró el silencio o la docilidad de muchos periodistas, incluso de aquellos que presumen de ser más caústicos, y –sabiéndose protegido y amparado por el presidente Rivero– ninguneó al Parlamento, a la Audiencia de Cuentas y al Consejo de Administración, mientras el paulinato creaba un gigantesco entramado mediático usando dinero público. Favoreció a empresas, regaló docenas de licencias de radio y televisión a sus amigos, silenció emisoras díscolas, persiguió periodistas y a quienes no logró comprar o callar los llevó a los tribunales para lograr taparles la boca. Hasta el último día, usó Rivero el dinero público de la tele para pagar favores o facilitar operaciones en los medios. La voluntad de Rivero por controlarlos fue la primera y más grave de sus obsesiones, a la que supeditó muchas de sus decisiones de Gobierno. Probablemente Willy creyó que él y Rivero seguirían siempre, pero es muy significativo que los escándalos saltaran en las postrimerías del paulinato y no antes. Perdida la protección de Rivero, con los medios vinculados a la producción más pendientes del caminar nuevo de la perrita, y con la voladura del entramado de relaciones entre directivos de la tele y amigotes del paulinato, Willy quedó amortizado.

La Justicia es garantista, lenta e imperfecta, y carece de los medios que precisa. Ahora ha cerrado un acuerdo para inhabilitar a Willy cuatro años (la fiscalía pedía diez) y dos a Paco Padrón (cinco), el teleñeco favorito de aquellos tiempos de fastos y glorias del director general. Probablemente nunca se sabrá todo lo que ocurrió, no se conocerán los estrambóticos convenios de Turismo y la tele, los ríos de dinero sobrefacturados con algunas empresas, o el dinero público que se gastó para comprar tantos medios. La tele fue el instrumento de una repugnante orgía de poder personal mal empleado, un escándalo silencioso que se sostuvo durante ocho años, mientras Willy nos adocenaba con una programación inculta, zafia al servicio de Rivero.

Se me censura en redes por mi exceso de atención a la tele y mi insistencia en contar cómo sus millones inagotables han podrido la política canaria, un asunto que se considera de interés para periodistas pero no para ciudadanos. Discrepo: es verdad que los periodistas tenemos probada tendencia a mirarnos el ombligo, pero lo que pasó con Willy en la tele (y sigue pasando siete años después) es grave. La inhabilitación pactada de Willy y Padrón es resultado de las denuncias que publicamos entonces. Y esto no ha parado, solo se hace con más cuidado. Estamos ante un escándalo más importante que el de Las Teresitas. O al menos se ha manejado muchísimo más dinero. Y en algunos casos, favoreciendo a los mismos protagonistas.

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