El Supremo decidió ayer cambiar de criterio y revisar la legalidad de la concesión por el Gobierno del indulto a los líderes independentistas, tal y como reclamaban el PP, Vox, algunos diputados de Ciudadanos y la asociación Convivencia Cívica Catalana. La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se produce por la incorporación de una magistrada conservadora que ha modificado la relación de fuerzas en la sala, y permitido que se acepte el recurso de reposición presentado por los partidos de la derecha, contra la inicial decisión del propio Supremo de considerar que no estaban legitimados para recurrir los indultos.
El anuncio del cambio de posición se produce coincidiendo en el mismo día con el pacto suscrito por los cuatro mayores grupos políticos de Cataluña –ERC, Junts, En Comú Podem y el PSC-, que ayer cerraron un segundo acuerdo sobre el uso de las dos lenguas oficiales –español y catalán– en la educación, buscando con ello burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En ella se exige a los colegios e institutos de Cataluña que antes del uno de junio –en apenas pocos días– el español tenga que usarse obligatoriamente para la docencia y al menos en la cuarta parte del tiempo de clases, como lengua vehicular, que es la que se utiliza para la comunicación en aquellos territorios donde existe más de una lengua.
Hasta la aprobación de la última ley catalana de Política Lingüística, convivían como lenguas vehiculares o francas para la educación no universitaria en Cataluña tanto el español como el catalán, pero esa situación cambió, eliminándose la cuota reducida que ya existía para el castellano. La ley catalana fue respaldada por la Lomloe de la ministra Celaá, que obvió cualquier referencia al uso del español en las aulas, tras el acuerdo suscrito en este sentido por el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra. El asunto ya produjo bastante conflicto y una airada respuesta de los partidarios de que se comparta el uso del castellano en las clases, y temen que el ejemplo de Cataluña pueda ser seguido por Valencia y Baleares, donde el PSOE gobierna con apoyo de otras fuerzas separatistas y de izquierda. De hecho, lo que se pretendía con la ley de Política Lingüística de la Generalitat y refrendó la Lomloe es algo que no se produce en ningún país del mundo: que la educación se imparta de forma exclusiva en un idioma que no es el oficial de todo el país. Solo ocurre en las islas Feroe, de soberanía danesa, un pequeño archipiélago poblado por menos de 50.000 personas y situado en el mar Ártico, entre Islandia y Noruega, donde la educación se imparte en feroés, el idioma local, para evitar que el idioma pueda desaparecer. El caso de Cataluña no parece ese.
Tras la decisión del TSJ catalán de recuperar el español como lengua en las escuelas, los partidos separatistas, el PSOE y la franquicia catalana de Podemos han llegado a un acuerdo para que sean los propios centros los que decidan el idioma que deben usar en sus clases, considerando el español como lengua curricular, un término que, aparte de sonar parecido a lengua vehicular, nadie sabe lo que significa en la práctica. Lo más ridículo del asunto es que no parece nada probable que este acuerdo tenga alguna posibilidad de convertir en legal el incumplimiento de lo que exigen los jueces.
Pero tampoco es otro de esos brindis al sol, de esos a los que nos tiene acostumbrados la política actual. Lo que pretende el acuerdo es dar a los centros educativos la posibilidad de ampararse en él para incumplir el dictamen de los jueces y además ganar tiempo. A fin de cuentas, apenas quedan unos días para acabar las clases, y todo el mundo en Cataluña es consciente de que –con acuerdo o sin él– el español no se iba a empezar a usar en las aulas este próximo uno de junio. Y ahora menos. Lo realmente asombroso de todo esto es cómo los socialistas se prestan –tanto en Cataluña como en Las Cortes– a bailarle el agua al independentismo en un asunto de esta trascendencia, que además es muy sensible para la mayoría de los españoles. Es otra de las vergonzantes concesiones que el Gobierno Sánchez hace a quienes pretenden quebrar la unidad de la nación, en una deriva crecientemente peligrosa. El Gobierno tiene que defender el interés de los ciudadanos de todo el país, no solo de aquellos partidos que lo apoyan. Sánchez juega con fuego: su obsesión por resistir a toda costa en el poder puede acabar conduciendo al país al desgarro y al PSOE al desastre. Menos mal que nos quedan los jueces.
