Cada vez que hay un cambio de Gobierno en Madrid, Canarias tiene que pasar nuevamente la prueba del algodón: explicar a los que llegan lo que dicen el Estatuto y el REF, y prepararse a defender el fuero con uñas y dientes. No es algo nuevo, no es algo que ocurra por primera vez con Pedro Sánchez. Desde la aprobación del primer REF –¡¡en 1972!!– Canarias viene teniendo que pelear denodadamente con la Administración Central, a veces ministerio por ministerio, para que Madrid comprenda el alcance de nuestra fiscalidad. Ocurrió durante los últimos años del franquismo, aunque entonces se hacía con menos bulla que ahora, ocurrió con los primeros gobiernos de la democracia, con el de Felipe González, el de Aznar, el de Zapatero, el de Rajoy y ahora con éste, aunque este en concreto parece haber actuado más por desidia que por otra cosa. Las decisiones contrarias al REF se adoptan en los ministerios, dónde sólo se preocupan de no entrar en colisión con la legislación de las regiones cuando esas regiones están gobernadas por socios o aliados del Gobierno de Sánchez. Cuando las decisiones llegan a la ministra o ministro o lo que sea, ya vienen contaminadas por una absoluta indiferencia ante el fuero canario, y el Gobierno opta por hacer lo que dicen sus técnicos, hasta que se lía la marimorena.
Durante lo que va de legislatura, el papel del PSOE y de Nueva Canarias en la defensa de nuestros fueros resulta bastante penoso. Suele responder a un guión que se reitera en cada encontronazo: primero decir que no pasa nada, que no es para tanto. Luego, cuando el resto de los partidos y los agentes sociales arman ruido, decir que el gobierno nacional lo arreglará en el trámite parlamentario. Y es entonces cuando empiezan las bufonadas, porque las ministras y ministros no leen la prensa de aquí y no se enteran de lo que dicen sus colegas locales, y muchas veces los contradicen. Al final, tiene que salir el presidente Torres a contarnos que el asunto se resolverá, que él se va a ocupar per-so-nal-men-te, y que no pasara nada. Pero a veces sí pasa: en el asunto de las exenciones fiscales a la producción audiovisual, Torres se vio obligado a votar en Canarias contra lo que habían votado –les obligó el Gobierno– los propios diputados socialistas canarios. Fue vergonzoso, pero la sangre no llegó al río, porque en política la coherencia se mueve siempre bastante por detrás de los intereses.
Ahora estamos viviendo un episodio similar, a cuenta de la directiva comunitaria que establece para todo el territorio de la Unión un tipo mínimo del 15 por ciento en el impuesto de sociedades, a las empresas que facturen más de 750 millones de euros. Creo que es una medida correcta –no estamos hablando de empresas que no puedan afrontar el pagar la mitad del impuesto de sociedades–, pero es obvio que no cumple con lo que establece el REF sobre la Zona Económica Canaria o la Reserva Canaria de Inversiones. No son muchas las empresas que tributan en Canarias y facturan por encima de los 750 millones de euros. Antes estaba Unelco, pero ahora es Endesa y ya no cotiza aquí. La mayor es ahora Disa Suministros y Trading, una de las empresas del grupo Disa, que supera con creces el doble de esa facturación, pero también la alcanzan la cadena de abastecimiento alimentario SuperDino y alguna hotelera, y están cerca varias otras empresas, entre ellas las de transporte interinsular.
Aplicar esa medida –que persigue evitar que las grandes empresas no coticen– requeriría una específica modificación del REF, que sería sin duda rechazada por las patronales –de hecho han sido muy beligerantes y activas en la crítica al Gobierno– pero probablemente sería aceptable por parte de la sociedad canaria, sobre todo si se pauta su aplicación temporal. El asunto puede dar lugar a debate. Pero eso no justifica el que el Gobierno Sánchez se olvidara de plantear el preceptivo veto a la directiva europea, que entrará en vigor el 1 de enero de 2024.
Y es que o no saben que existe el REF, y a qué obliga, o les importa una higa cumplir con él. En fin: tanto Román Rodríguez como Ana Oramas se han movido con este asunto, él hablando en Bruselas, y ella preguntando a la ministra Montero, que salió por peteneras y no se comprometió a nada. El Gobierno de Torres ya ha dicho lo que siempre dice: que se arreglará, que hay tiempo y margen de maniobra. ¿Tiempo? ¿Para aprenderse el REF? Lleva cincuenta años, con sólo dos modificaciones importantes. Ya podían sabérselo de memoria. Si el REF fuera una ley catalana o vasca, otro gallo nos iba a cantar.
