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Luis Ortega

Gentes y asuntos

Luis Ortega

Secuelas del volcán

Noticia de portada para los medios impresos y audiovisuales del mundo en las vísperas y los ochenta y cinco días de la erupción, apagado y latente, el Volcán de Cabeza de Vaca –me resisto a enterrar un topónimo fijado en el comienzo de la historia europea de La Palma– continúa como fuente inagotable de información sobre sus secuelas, tanto en la deseada normalización de la tierra como en las costosas tareas de reconstrucción.

En la vertiente científica y bajo la vigilancia de los institutos del CSIC e Involcan, se constata la normalización del proceso y se descartan los pronósticos apocalípticos que apuntaban, en un plazo incierto, al colapso de la dorsal de Cumbre Vieja, escenario de todas las erupciones históricas, y la provocación de un tsunami que recorrería el Atlántico arrasando las tierras a su paso. Esta suerte de profecía, divulgada desde hace unas décadas por la prensa amarilla tuvo un acreditado mentís de los investigadores Luis González Vallejo y Mercedes Ferrer que confirmaron en la revista Science «la estabilidad a largo plazo» de ese sistema palmero.

Con la oportuna mesura, se recuerdan las señales activas en las altas temperaturas del cono principal, también estable, y en las coladas donde se iniciaron las obras de comunicación de los núcleos residenciales y fincas agrícolas afectados. Se redujeron las zonas de exclusión pero Puerto Naos, el principal núcleo turístico de la isla, y La Bombilla, permanecen cerrados por el riesgo de los gases.

La Carretera de Tazacorte a Puerto Naos, la infraestructura imprescindible y la inversión más importante hasta el momento –38 millones de euros, un tercio para pagar las expropiaciones– fue aprobada en características y trazado por las administraciones en todos sus niveles; pero tuvo, y tiene, contestación entre propietarios y organizaciones agrícolas por la ocupación de cultivos, extremo en el que no coincide la versión oficial y la de los opositores. Declarada de emergencia y financiada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la carretera entre Tazacorte y Puerto Naos tiene un recorrido de 5,5 kilómetros, con dos carriles y un corredor para las conducciones hidráulica, eléctrica y fibra óptica y un plazo de ejecución de cinco, digamos seis meses.

La necesidad de acuerdo en este asunto y la conciliación entre los sectores público y privado sobre temas generales y tan sensibles, no sólo son necesarios sino urgentes y merecen todos los esfuerzos de comprensión entre las partes. La catástrofe trajo la oportunidad de restablecer y, sobre todo, ampliar y mejorar las comunicaciones en el Valle de Aridane, especialmente en el litoral, donde se localizan las mejores zonas agrícolas y turísticas, bases reales de la economía insular.

Mientras se enfriaba el volcán, proliferaron las plataformas de afectados y, con ellas, las distintas posiciones sobre las acciones necesarias y las metas pendientes. Las personas que, en el terrible septiembre de 2021, fueron evacuados de sus hogares y nunca podrán volver a ellos, los que lloraron la desaparición de sus casas y cultivos, medios de vida, bienes y recuerdos, tienen derecho a una reparación que, por más justa y generosa que parezca, nunca compensará la dimensión de las pérdidas. Metidos en su drama, merecen respeto, mucho respeto, tanto por parte de las instituciones como por las multiplicadas asociaciones que los representan o dicen representarlas. Respeto ante sus aspiraciones y deseos, que son libres y son suyos, para la vida nueva que nace lastrada por los peores recuerdos, sobre el lugar donde quieren y/o pueden radicar, para el trabajo que puedan o quieran reemprender, para la vivienda que les acoja en un futuro inmediato o a largo plazo.

El registro único identificó a los damnificados y los notarios voluntarios acreditaron sus derechos; tendría que existir una instancia siguiente que fijara sobre el papel las metas personales para acercar las compensaciones y ayudas públicas a sus necesidades y aspiraciones. El gobierno autónomo dispuso una batería de viviendas, adquiridas en urbanizaciones y rastreadas en domicilios vacíos, módulos prefabricados, de madera y de contenedores. Una familia afectada, muy próxima en el afecto, me escribe su queja porque «nadie nos preguntó dónde queremos ir y nos impone, eso sí, amablemente, un sitio que nos aparta del lugar donde nacieron nuestros hijos. ¿Qué les cuesta preguntar?». Se trata de saber lo que necesitan y ansían. Y alguien debería responder.

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