A finales del pasado mes de enero, el diputado José Alberto Díaz Estévanez, portavoz de Sanidad de los nacionalistas en el Parlamento regional, solicitó oficialmente el expediente completo del contrato de adquisición de 48.000 test PCR, comprados por el Gobierno de Canarias a través del su Servicio Canario de Salud durante el inicio de la pandemia, y en su momento más crítico, cuando el Gobierno Sánchez –después de querer controlar todas las adquisiciones de material sanitario, mascarillas, test, geles y Epis-, permitió a las comunidades autónomas acudir al mercado internacional a buscar lo que el Ministerio de Illa no podía proporcionar de una forma centralizada. Ese fue el comienzo de una orgía de compras realizadas por las regiones, los ayuntamientos, e incluso las empresas, que provocó episodios completamente absurdos, bloqueos en aduanas, búsqueda de canales logísticos alternativos y compras completamente fuera de los precios de mercado de aquél momento. Para ser sinceros, hay que ponerse en la situación de pánico colectivo ante una enfermedad que matar gente –incluyendo a muchísimos sanitarios- y que había cogido a la Sanidad pública completamente en cueros.
El Gobierno regional hizo -como todos los Gobiernos- varias compras de material sanitario por la vía de emergencia, casi todas ellas a través del Servicio Canario de Salud, de las que algunas han sido controvertidas. Una fue la compra de PCRs para el Hospital de La Candelaria, donde se gastaron 720.000 euros en adquirir a una pequeña empresa polaca y a 15 euros por unidad –tres veces su valor comercial- 48.000 test. La compra fue detectada casi un año más tarde por un activista próximo al negacionismo, que presentó una querella en Las Palmas por aquella compra –una más de las miles realizadas en el país, ente otras, la de las famosas mascarillas del hermano de la señora Ayuso, o las que colocaron al Ayuntamiento de Madrid un par de alegres comisionistas-, acusando de malversación, cohecho, administración desleal, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y hasta asociación ilícita, al responsable de La Candelaria, a Conrado Domínguez, y a Ángel Víctor Torres, por aquello de la caza mayor.
Esta semana ha saltado a los medios otra compra de emergencia, como la mayoría de las que se hicieron en aquella época, cuando todo el mundo competía con todo el mundo comprando protección para los más cercanos. La adquisición se realizó en mayo de 2020, siendo abonada por adelantado, tal y como permitía hacer el real decreto de medidas urgentes por Covid. En esta ocasión se trató de una compra de mascarillas –un millón de mascarillas 3M a cuatro euros la unidad- encargadas a la empresa RR7 United SL, dedicada a la automoción, pero que probó suerte con los insumos sanitarios durante la pandemia. La mercancía, por la que RR7 habría logrado un abultado margen del 33 por ciento, fue proporcionada por el intermediario Lucas Cruz a través de un contacto con Etiopía e incautada a su llegada a Canarias por la Agencia Tributaria, por defectos en el trámite aduanero. Las mascarillas resultaron además ser falsas y defectuosas, y fueron quemadas. Sanidad reclamó primero la devolución del dinero, pero acabó por negociar con la empresa adjudicataria la entrega de un nuevo cargamento, este de 1.200.000 unidades de otra marca, que se produjo finalmente. A pesar de esa entrega, Hacienda sigue hoy reclamando la recuperación de la partida inicial.
Estamos hablando de dos compras con problemas, de entre las quince grandes operaciones de este tipo realizadas por la Sanidad canaria. Pero se produjeron más casos: cargamentos de mascarillas traídas por intermediarios por encargo de ayuntamientos del Sur de Tenerife fueron intervenidos y requisados para consumo local en aduanas de países escala con China; hubo empresas que pagaron por material EPI que jamás llegó o llegó inutilizable; y esto se repitió por toda la geografía planetaria. Aun así, la cuestión ahora no debiera ser iniciar una causa general, sino depurar responsabilidades donde efectivamente las haya. Perseguir a quienes se enriquecieron de forma ilícita en un momento de terrible angustia.
Pero es injusto señalar voluntad venal o bastarda en decisiones administrativas donde lo que se percibe es premura y precipitación. El problema es que la política revanchista que hoy se practica en todas partes no funciona actuando sobre las intenciones, ni siquiera sobre las acciones, sino sobre especulaciones dañinas e interesadas que a veces resultan terriblemente miserables.
