El presidente Torres y su segundo, Román Rodríguez, se han descolgado al alimón, muy dramáticamente, asegurando que las islas no tienen futuro si Bruselas no acepta una nueva excepción canaria, concretamente la de incumplir el llamado ‘Objetivo 55’ del plan europeo por la descarbonización y contra el cambio climático. El ‘Objetivo 55’ implica una reducción del 55 por ciento de las emisiones contaminantes, de aquí al próximo 2030, en relación con las emisiones registradas en el año 1990. El dramatismo de Torres y Rodríguez pretende llamar la atención sobre el hecho de que el plan supone un encarecimiento del precio los combustibles fósiles, que afectará de forma considerable el coste del transporte aéreo y por mar, las dos únicas formas de llegar a las islas del turismo y de las mercancías que recibimos.
La preocupación de nuestros dirigentes es razonable: aerolíneas y empresas navieras, tendrán que pagar más por el combustible que usen y además asumir una cuota de combustibles no contaminantes. Para las navieras es más fácil de resolver el problema, al menos si el gas –obligatorio para el tráfico marítimo en toda Europa desde 2025- pasa a ser considerado ‘combustible ecológico’, como resultado de la tramposa decisión de la Comisión. El gobierno de Europa optó en febrero de este año por confirmar la energía nuclear y gas natural dentro de las ‘inversiones verdes’, porque resultan imprescindibles para el paso a energías limpias. La Comisión asume que el gas y la energía nuclear ni son energías neutras desde la perspectiva del clima, ni tampoco –con la excepción de los biogases- son renovables. Lo que hace Europa es defender su importancia en la transición para alcanzar una economía completamente descarbonizada en 2050. Porque es cierto que la energía nuclear –aún siendo peligrosa- no genera contaminación destacable por CO2, y también que el gas produce menos CO2 que los fueles y gasolinas, hasta un 30 por ciento menos. Lo que no está decidido es si las ventajas para la inversión en gas incluirán algún tipo de exoneración a su impacto en la generación de CO2. Y aunque así ocurriera, para las compañías aéreas no hay escapatoria posible: la posibilidad de dotar a los aviones con motores que consuman hidrógeno verde antes del 2030 es nula.
Pero los políticos son políticos: lo que realmente preocupa a Torres y Rodríguez no es el calentamiento, sino evitar que el turismo y el consumo se encarezcan en las islas. Lo del calentamiento queda más lejos que las próximas elecciones. Lo que intentan ambos es lograr que Europa deje a Canarias fuera de las penalizaciones con impuestos, tasas y recargos al transporte de personas y mercancías, más ahora que se acerca –concluye el 31 de diciembre de 2023- el final de la excepción del pago del impuesto al queroseno.
La estrategia del Gobierno de Canarias de sumar a todas las RUP en la petición de quedar exentas de pagar los costes añadidos que producirá la aplicación de medidas para reducir el CO2 en los transportes. Es una medida sensata, y necesaria para el desarrollo insular, pero debe ir acompañada de compromisos claros por la reducción de las emisiones de carbono, allí donde se pueda. No podemos seguir pidiendo un trato de favor a la economía isleña en un asunto –los costes de la descarbonización -que van a sufrir todos los europeos, cuando al mismo tiempo se bloquean caprichosamente medidas para reducir las emisiones de CO2, como el uso de gas en las centrales de ciclo combinado, sólo por sostener y no enmendar políticas erróneas desde hace treinta años. Canarias y otros territorios RUP necesitan protección y amparo desde la Metrópoli, pero aquí tenemos cosas que hacer. El futuro de un territorio –y de este planeta- no puede estar dependiendo siempre de lo que hagan otros fuera de aquí.
