Dicen que le han espiado los teléfonos al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa y a casi todos los líderes nacionalistas de Cataluña. ¿Y qué necesidad había, hombre? ¿Qué esperaban encontrar ahí Mortadelo y Filemón, famosos agentes de la TIA?
Se ignora qué secretos de Estado o de Comunidad Autónoma buscaban los que pagaron el costoso programa de espionaje de patente israelí; pero lo más probable es que hayan tirado los cuartos.
Aquí se espía a medio país, aunque no por torpes razones políticas. De lo que se trata es de fisgar en lo que hace la pareja de uno o de una; y eso se consigue sin más que descargarse cualquier aplicación que permita mirar los mensajes y las llamadas del marido o la esposa. Hay muchas y, además, bastante más baratas que el famoso Pegasus.
El otro espionaje ya parece un poco superfluo y es de suponer que nada interesante. Aun si los gobernantes del país y de las comunidades autónomas fuesen lo bastante descuidados como para guardar en el móvil las informaciones que les pasan sus servicios secretos, no parece que el riesgo resultase excesivo.
De hecho, un anterior jefe de la CIA española –conocida por el nombre de Centro Nacional de Inteligencia– admitió en su día que los espías a su servicio se enteraron de los terribles atentados de Atocha por los noticiarios de la tele.
En su descargo habría que recordar que la CIA de verdad, tan diestra en organizar golpes de Estado en países del Tercer Mundo, tampoco se coscó de los preparativos del atentado que echó por tierra las torres gemelas de Nueva York. Se conoce que hasta en estas cuestiones tan delicadas imitamos a los yanquis.
Hubiera sido mucho mejor –y más económico– que buscásemos inspiración en nuestros vecinos portugueses. «Gastas menos que Portugal en espías» era una expresión antaño utilizada por los españoles más castizos cuando querían reputar a alguien de tacaño; y quizá la comparación no estuviese mal traída. No es probable, en efecto, que la vecina República dedique una parte sustancial de su presupuesto al espionaje, o por decirlo en términos oficiales, a los servicios de inteligencia del Estado.
Con su acreditada sensatez, nuestros amigos lusitanos podrían haber llegado a la conclusión de que «inteligencia» y «Estado» son dos conceptos tan imposibles de casar como el aceite y el agua. Y, en un plano más utilitario, los gobernantes de Portugal tal vez vean innecesario dedicar una parte de sus impuestos –por pequeña que sea– a algo tan prescindible y costoso como el cotilleo sobre los planes e intimidades de otros países. O del propio país, como al parecer sucedió en el caso que nos ocupa.
Seguramente los líderes portugueses son conscientes de que una potencia de tamaño pequeño o medio, como las dos que comparten la Península Ibérica, no guarda secretos de particular interés para los amos del mundo. No es el caso de España, donde aún hay añoranzas del Imperio y cualquier presidente cree pintar algo en el desconcertado concierto de las naciones. Y encima, guarda las claves en el móvil.
Sería útil y quizá divertido saber cuál es la información que los espías hackearon a las altas y medianas personalidades sometidas a fisgoneo por quién sabe quién. Mucho es de temer que la ley de secretos oficiales nos prive de echarnos unas risas.
