Román Rodríguez dijo ayer que iniciar las reuniones de la ponencia que ha de elaborar el Mandato Marco de la tele canaria, sin contar con un informe económico previo, es «hacer trampa». En realidad, lo que es hacer trampa es negar la existencia del informe económico sobre este asunto, entregado por la Audiencia de Cuentas a finales del pasado mes de octubre al Parlamento, tras ser formalmente solicitado a la Audiencia. Por supuesto que el informe existe, se pasó varios meses siendo analizado por la Mesa de la Cámara para proceder a su admisión a trámite y entrega a los grupos parlamentarios, que han dispuesto de él desde finales de enero, sin que ninguno de ellos haya pedido resolver ninguna ‘deficiencia’. Y es en base a ese informe que Román dice que no existe, por lo que apoyaron el inicio de los trabajos para aprobar el mandato marco, los otros tres grupos que apoyan al Gobierno –PSOE, Unidas Podemos y la Agrupación Socialista de Curbelo– ademas de todos los parlamentarios de la oposición, con la excepción del PP, partidario de mantener el modelo privado de gestión de la tele canaria. Por cierto, es el segundo Mandato Marco que intenta sacar el Parlamento de Canarias, después de retirar el primero del orden del día de un pleno, la pasada legislatura, una propuesta de Mandato ya aprobada por la ponencia y la comisión. Raro, raro, raro. Como todo lo que tiene que ver con la tele y sus millones.
Cuando Román dice que es «hacer trampa» trabajar en el Mandato sin que haya informe económico, lo que realmente quiere decir es sin un informe económico que a mí me guste. Por ejemplo, uno que no diga que una tele pública cuesta casi lo mismo que una privada. Pero es que el informe se encargó por el Parlamento para conocer precisamente si un modelo público es más costoso para las arcas canarias. Y lo que ha dicho la Audiencia al respecto es que cuestan prácticamente igual. Román no quiere que el informe diga eso, quiere que diga lo contrario, que es mucho más caro un sistema público. Por eso Luis Campos pidió ayer que se olvide ese informe que Román dice que no existe y se encargue hacer otro a una de esas consultoras que trabajan para Hacienda y le dicen a su cliente lo que su cliente quiere escuchar. Lo cierto es que la Audiencia ya subcontrató en julio de 2021, parte de su informe a una consultora privada, BDO Auditores, que dirige en Canarias el catalán Joan Francesc. Y fue esta consultora la que calculó de forma independiente la diferencia de coste entre un modelo público y uno privado. Sin mediar presiones de nadie…
En fin, que ayer fue preguntado Román en la SER sobre la asombrosa posición de Nueva Canarias, contraria a que el Parlamento cumpla con la ley de Radio Televisión Canaria, y lo que dijo es que él no participó en la votación y que desconocía lo que había votado su grupo, intentando endosar la decisión de oponerse a discutir si la tele ha de ser pública o privada, al portavoz Luis Campos, dejándolo mismamente a la altura del betún. Román no dice la verdad: es obvio que no la dice cuando asegura que no sabe lo que votó su partido, pero afirma también que los otros grupos hicieron trampa en la votación. ¿Sabe lo que votaron los otros pero no lo que votaron los suyos? ¡Venga ya!
La mayor desfachatez del argumentario del canarista-progresista es sin duda negar la existencia del informe de la Audiencia que el día antes Luis Campos calificó de «informe deficiente» y pidió sustituir por otro nuevo.
Lo peor es que –aunque ya no hay vuelta atrás en el trámite parlamentario– no parece en absoluto probable que el Mandato Marco salga en esta legislatura. Conspiran para que eso no ocurra el propio Román, interesado en mantener el control de las adjudicaciones de la tele, especialmente del multimillonario contrato de alquiler de equipos e instalaciones, que es desde hace catorce años la madre de todas las batallas políticas y mediáticas que en Canarias son, y el Administrador Único de la tele, Francisco Moreno, convertido en repartidor munificente de todas las canonjías, y celoso guardián de la ortodoxia romaní. Y también juegan en contra de un pronunciamiento favorable a lo público los propios equilibrios internos del Pacto de las Flores. Esperar de los socialistas, Podemos o Curbelo que se opongan a convocar la ponencia, analizar los informes y trabajar en el Mandato, es pedir demasiado. Pero eso no significa que el Mandato vaya a salir esta legislatura. Lo que significa es que Torres, Curbelo y la gente de Podemos no tiene necesariamente que demostrar su lealtad al proveedor tradicional.
Por los motivos que sea, hay otros que sí tienen que hacerlo. A todas horas y en todos los momentos del proceso.
