En el mundo privado, parece que hay cierta convergencia acerca de cómo afrontar los efectos económicos y sociales derivados de la guerra entre Ucrania y Rusia.
Todos giran entre las reformas fiscales, el recorte de gasto superfluo, la mejora de la productividad, volver al reequilibrio presupuestario, la bajada de impuestos o la disminución de la burocracia pública.
Nadie sostiene que se mantengan bajos los tipos de interés, que se asume como imposible con una inflación de dos cifras, y muy pocos defienden el mero mantenimiento sistemático de unas ayudas que no son sostenibles.
Mucho menos aumentar el esfuerzo o la presión fiscal de familias y empresas.
O reactivamos la economía o la recesión devorará el poco crédito que nos queda.
A aquellos, debemos añadir una profunda reforma estructural, apuntalar las cadenas de valor existentes y atraer inversiones internacionales en los sectores que debemos desarrollar con los fondos europeos que disponemos, adhiriendo, en el caso de Canarias, unos incentivos económicos, cuya acumulación e intensidad no tiene parangón en ningún lugar de Europa, junto con los fiscales, manifiestamente competitivos en su concepto.
También sería deseable que volviéramos a la seguridad jurídica del incentivo y se acabe la obsesión del Estado en desarmar algunas figuras muy atractivas para la diversificación y el empleo.
Complejo es el debate de la extracción de gas o petróleo en las Islas, por su componente de riesgo medioambiental y turístico, sobre todo si se produce desde una País que no garantiza un control, de nivel europeo, en el manejo de las posibles crisis derivadas de accidentes o descontrol medioambiental.
Mucho menos, si el gas o petróleo que emane de esos pozos, no aporta valor añadido a Canarias, ni estimula la actividad empresarial local o el empleo.
