En la sesión plenaria de ayer el diputado Manuel Marrero, de Podemos, se refirió a Fernando Clavijo como «el senador aforado» en un tono lúgubre, como cuando Gandalf el Gris se refería a Sauron a la luz de una hoguera a punto de apagarse. Por lo demás es algo impreciso. Todos los senadores están aforados. Hasta Santiago Pérez está aforado. La alusión de Marrero a Clavijo derivaba de la información publicada hace un par de días: María Farnés, delegada de la Fiscalía Anticorrupción en la provincia santacrucera, había pedido al juzgado de instrucción número cuatro de Laguna que se derive la pieza del llamado caso Reparos al Tribunal Supremo. Es una solicitud rodeada por una hiedra de circunstancias curiosas.
La titular del juzgado de Instrucción nº4 de La Laguna decidió abrir una pieza separada sobre Fernando Clavijo hace más de dos años. Y ahí quedó la cosa. Obviamente la pieza se justificaba por el aforamiento del expresidente del Gobierno como senador, lo que obligaba elevarla al Supremo. Pero no se ha hecho absolutamente nada. Al estar aforado la jueza no ha podido tomar ninguna decisión procesal relevante sobre el senador –no le corresponde hacerlo– y Clavijo ha permanecido en una suerte de limbo jurídico ciertamente incómodo. Ni está procesado, ni está siendo investigado, ni ha sido acusado. Si se trataba de actuar con la máxima diligencia, ¿por qué no se remitió al Tribunal Supremo hace dos años, hace año y medio, hace doce meses? Otro elemento supercalifragilisticoespialidoso deriva de que la señora Farnés tampoco se diera ninguna prisa en solicitarlo, y que intervenga como fiscal anticorrupción, y no como fiscal jefe de la Audiencia Provincial. Toda esta excepcional pachorra, por supuesto, ni se explica ni se justifica por ningún lado. Hace cuatro años, cuatro, que Santiago Pérez, actualmente teniente alcalde y concejal de Urbanismo del ayuntamiento lagunero, presentó la denuncia que dio origen al denominado caso Reparos. Una observación a los despistados: Farnés ha solicitado el traslado de la pieza separada al Supremo, pero es a la jueza a la que toca decidir. Y puede decidirlo mañana mismo. O dentro de quince días. O a la vuelta de las vacaciones de verano.
En su escrito –que sustancialmente repite los argumentos que ya esgrimió en marzo de 2020– la fiscal Farnés alude a casi un centenar de contratos que fueron prorrogados por Clavijo como alcalde de La Laguna en contra de la opinión del interventor, es decir, utilizando el mecanismo del reparo, algo perfectamente legal. Considera Farnés que Clavijo habría podido incurrir en una prevaricación continuada, y la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en este caso está justificada porque el ayuntamiento se habría visto económicamente perjudicado por esta práctica. No existe un solo informe municipal que registre o denuncie un quebranto patrimonial a raíz de la prórroga de los contratos, pero Farnés pide que el Supremo investigue. No sé si es superfluo recordar que el próximo año se celebran elecciones autonómicas y Clavijo es, de nuevo, candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias.
Los tiempos judiciales son ingrávidos y sutiles, como pompas de jabón, que diría Antonio Machado, y hace algunos días se filtraron algunas presiones –o no– para posponer la sentencia del Tribunal Supremo que revisará las condenas por corrupción impuestas a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (nueve años de inhabilitación) y José Antonio Griñán (seis años de cárcel) por la Audiencia Provincial de Sevilla, que consideró probado que en la primera década del siglo la cúpula del PSOE andaluz repartió ilegalmente 680 millones de euros a empresas en crisis. Posponerla «para que no afecte a las elecciones autonómicas de junio». O para que las afecte, y mucho. A veces es difícil entender el olímpico universo de los tribunales de justicia.
