Una vez más, la sanidad penitenciaria en Canarias pierde el tren. La presentación en sociedad del Proyecto Regional de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, anunciada a bombo y platillo por el consejero de Sanidad, el director del SCS y la directora general de programas asistenciales, se ha olvidado de 3000 ciudadanos canarios. Los presos canarios han vuelto a ser ninguneados, como en los últimos 18 años, incumpliendo sistemáticamente la ley los sucesivos gobiernos autonómicos. Una ley que establecía noviembre de 2004 como fecha tope para la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en los distintos servicios autonómicos de salud.
Con proposiciones no de ley tanto en el Senado español como en el Parlamento de Canarias, instando a ambos gobiernos, nacional y autonómico, a proceder a la integración.
La situación de la sanidad penitenciaria es caótica. Desde el ministerio del Interior, al que aún pertenece, hace tiempo que ya no piensan en ella. Tan es así, que en el proyecto de Ley de cuerpos penitenciarios ni se la contempla, la dan por transferida. Sin embargo, los gobiernos autonómicos, de casi todas las autonomías, pero con especial saña en algunas como Canarias, ni siquiera saben de nuestra existencia, o al menos actúan como tal.
Este nuevo Proyecto de atención primaria y comunitaria, era el momento ideal para acordarse de nosotros. Tras la pandemia, donde hemos estado solos, olvidados por el ministerio del Interior y por la sanidad Canaria, y donde a pesar de ello, hemos sido ejemplares en el control y prevención de brotes, que por supuesto se han dado, pero que se han contenido de manera muy eficaz. El personal sanitario penitenciario ha demostrado su profesionalidad, su preocupación por la salud pública, y su capacidad de resistir los embates de la pertinaz falta de personal, con menos de la mitad de médicos de los que deberíamos, menos enfermeros, y también muchos menos auxiliares. No puedo menos que sentir una gran frustración y una sensación de impotencia al ver que desde el Gobierno de Canarias consideran muy importante contratar 200 médicos y 200 enfermeras amén de otro personal, mientras que siguen empeñados en incumplir la ley, no integrarnos en el SCS, y de este modo establecer ciudadanos de primera y de segunda, o tal vez de cuarta, en esta Comunidad Autónoma. Los 3000 presos canarios pueden estar tranquilos. El personal sanitario penitenciario seguirá al pie del cañón como hasta ahora. Pero todas las carencias que hasta la fecha han tenido por no estar la sanidad penitenciaria transferida continuarán. Poco importa, al fin y al cabo, sólo son presos.
