Viene bien echarle la culpa a Rusia de esta inflación galopante, pero –sencillamente– eso no es verdad. Por supuesto que la guerra tiene parte de responsabilidad en la subida de los precios, pero esto venía de lejos: antes de empezar la invasión de Ucrania, desde julio del año pasado, la inflación interanual subió –excepto en enero– casi un punto de media al mes. En agosto estaba en 3,3, y febrero se cerró a 7,6. Una pasada. Con la guerra, este último mes la inflación ha subido 2,2 puntos, hasta alcanzar el récord de 9,8, una cifra impensable, que en España no se producía desde los primeros años de la Democracia. Podemos suponer que al menos un punto de esa subida de febrero a marzo es continuidad de lo que venía ocurriendo. El otro punto es –a ojo de buen cubero– la aportación del malvado Putin a este disparate que está volatilizando los ahorros de los ciudadanos y lastrando el futuro del país.
Pero el resto nos lo hemos ganado a pulso; es el resultado de factores que sabíamos iban a producirse más tarde o más temprano: el primero, el rebote de los precios, consecuencia del gigantesco estímulo público alimentado con fondos europeos, y con el que se quería evitar que nadie quedara atrás. España tiene más inflación, porque aquí se ha inyectado más circulante que en otros países europeos, y eso se paga. Lo gratis no existe, el dinero siempre pasa factura. El segundo motivo de esta escalada inflacionista es la escasez creciente en la oferta de bienes y servicios, resultado de varios factores: las dificultades para la producción y comercialización y los problemas logísticos que provocó la pandemia, el final de la contención en el ahorro acumulado durante el Covid, y esta juerga del gasto privado, que sigue a la del gasto público ahora que ya nos han dado permiso. A tal combinación de factores, ya de por sí explosivos, se ha unido la tendencia creciente a una electricidad cada día más cara, fruto del efecto combinado de políticas como el pago de derechos por la emisión de CO2, o los «beneficios caídos del cielo», para las eléctricas. Y ya en última instancia, el remate de la guerra.
Frente a esa situación, el Gobierno de Sánchez insiste en que las tres cuartas partes del aumento de precios es resultado de la guerra de Putin y su impacto en el coste de la energía y los alimentos no elaborados. Y para frenar la inflación lo que se ha decidido es el despliegue de choque de un importante paquete de ayudas –6.000 millones– y prestamos ICO –10.000 millones–, acompañado de otras medidas como la contención por decreto en los alquileres o la subvención al consumo de combustible.
Sinceramente, no es fácil hoy estar en el pellejo del Gobierno. Si no interviene, se producirá probablemente un frenazo a las expectativas de crecimiento, un crecimiento que los analistas más moderados colocan ya dos puntos y medio por debajo del PIB prepandemia. Y si interviene, estas políticas expansivas solo van a servir para retrasar los sacrificios. Desde Europa –cabreados por la heterodoxia ibérica ante la crisis de la energía– ya han advertido del peligro que supone inyectar artificialmente más dinero a la economía, algo que alimentará la inflación que se pretende combatir. Pagaremos igual, solo que más tarde. El Gobierno corre por delante de la inflación para escapar al efecto de una crisis que puede llegar a ser sistémica, y que quieren retrasar a después de las elecciones.
Y lo peor es que el plan gubernamental para atajar la inflación va a tener un impacto más bien reducido. Con lenguaje heredado de la guerra contra el Covid, Sánchez ha asegurado que el plan servirá «para doblar la curva de la inflación», pero Funcas ha sido más pesimista: ha advertido que los 16.000 millones apenas frenarán la inflación en un punto, que las familias van a perder 16.700 millones de sus ahorros, que el plan del Gobierno supondrá un golpe muy duro para el Estado, con un aumento considerable del déficit público, ya desbocado si el Gobierno cumple sus promesas y el gasto en pensiones se dispara en diez mil millones más. Y que los tipos de interés serán más altos, y eso hará aún más costosa la financiación, y más difícil la recuperación. En fin, que esto se está poniendo de color ojo de hormiga.
