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ANÁLISIS

En defensa del derecho internacional

El pueblo saharaui ha sentido como una nueva traición el contenido de la carta que el 14 de marzo pasado remitió el presidente de nuestro Gobierno al rey Mohamed VI. Su contenido lo conocimos inicialmente gracias a un comunicado del gabinete real marroquí (18 de marzo), a la publicación realizada por el diario El País nueve días después (23 de marzo) y a confirmaciones parciales de Moncloa y del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.

La primera traición ocurrió hace 47 años, con la firma del acuerdo, secreto y tripartito, de Madrid por el que España traspasó contra iure el territorio de la antigua colonia a Mauritania y Marruecos. Casi medio siglo después, el presidente del gobierno, sin representar a la ciudadanía ni a la sociedad civil españolas, ha protagonizado un nuevo abandono de las mujeres y hombres del Sáhara Occidental, a quienes les señala cuál es la base “más” seria, creíble y realista para resolver la cuestión pendiente del Sáhara Occidental. Lo hace con el propósito de inaugurar una nueva relación entre los dos países vecinos tras una crisis diplomática que se ha prolongado durante meses y que la misiva parece haber zanjado, como por arte de magia, con el regreso a España de la Jefe de la Misión diplomática marroquí. Aunque se emplea la fórmula “mutuamente aceptable”, algo debe de haber en ella que ha actuado como bálsamo para aliviar la urticaria que al monarca del país vecino ha venido ocasionando, entre otras, la equidistante posición española de “neutralidad activa” que la carta del presidente ha pulverizado. Y lo ha hecho sin transparencia ni consulta alguna en el seno del gobierno de coalición, ni con otras fuerzas políticas o gobiernos autonómicos como el de Canarias, para los que la causa legítima del pueblo del Sáhara Occidental merece hondo respeto y solidaridad.

Es doloroso constatar que el presidente califica la propuesta marroquí de autonomía, nunca aplicada hasta la fecha en el territorio marroquí, como la base “más” seria. ¿No es seria acaso la solución que ofrece el Derecho Internacional contemporáneo? Desde la Carta de las Naciones Unidas (1945) y las resoluciones de su Asamblea General, se puso fin al yugo colonial y a la ocupación extranjera en buena parte del planeta haciendo que la sociedad internacional fuera realmente universal.

El Derecho Internacional no solo es serio. Es también claro y taxativo: cualquiera que sea la condición política (independencia, integración, libre asociación o autonomía) que adquiera el pueblo titular del derecho de libre determinación, ha de ser una opción libremente decidida, sin injerencia externa, por el pueblo saharaui, titular único y legítimo de ese derecho humano fundamental. Señalarles, por conveniencia propia y con paternalismo trasnochado, la fórmula que más les conviene no solo es intolerable. Constituye una nueva vulneración del Derecho Internacional que impone a todo Estado el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y la efectividad de tales derechos y libertades de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (Resolución 2625, aprobada por la Asamblea General el 24 de octubre de 1970).

¿Sería tan serio, realista y creíble marcar el mismo camino que el señalado al pueblo saharaui a otros pueblos víctimas de la fuerza bruta e ilegal que posterga o hace peligrar el ejercicio de su derecho de libre determinación? ¿Tiene sentido indicar al pueblo de Palestina o al pueblo de Ucrania que lo más serio, realista y creíble es integrarse con estatuto de autonomía bajo la soberanía del mismo Estado que les somete a cruel ocupación y agresión armadas (Israel, Federación Rusa)?

¿Desconocen el presidente y el ministro de exteriores que el principio de libre determinación de los pueblos es ius cogens (derecho imperativo), lo que explica la nulidad radical de todo acuerdo (como el de 1975) y de todo acto incompatible con el principio y sus corolarios? No solo no podemos reconocer, ni siquiera implícitamente, la ocupación marroquí del Sáhara Occidental (que, como territorio no autónomo, tiene una condición jurídica es distinta y separada del territorio de Marruecos). Además, el Derecho Internacional obliga a todos los Estados miembros de la comunidad internacional a no reconocer como lícita una situación creada por la violación grave de una norma imperativa y a no prestar ayuda o asistencia para mantener tal situación.

¿Cómo es posible conciliar la condena enérgica de la agresión a Ucrania y la exigencia a Rusia de respeto al Derecho Internacional con la contribución decidida a la consolidación de la ocupación marroquí que la carta del 14 de marzo representa, haciendo que España incurra en responsabilidad internacional, como acaban de afirmar un importante número de profesores de Derecho Internacional en una Declaración del 24 de marzo ?

Dos días antes, desde la AEDIDH (Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos) emitimos una Declaración en la que entendimos, por diversas razones, que la carta del presidente no es aceptable ni por las formas y el momento elegidos, ni por el contenido, ni por las consecuencias políticas y jurídicas que acarreará. Entre otros y mas allá de lo expuesto, porque el pueblo saharaui es un pueblo maduro, formado, con representantes legítimos elegidos y capaz de decidir por sí mismo sin tutelas del exterior. Además, porque es un error promover la integración (con un estatuto de autonomía inédito aún en Marruecos) en el mismo Estado que ocupa militarmente el Sáhara Occidental desde hace 47 años y es responsable absoluto de un patrón de violaciones sistemáticas de los derechos humanos del pueblo saharaui, documentado por las Naciones Unidas. La ciudadanía canaria, como la española en general, sabe que las mujeres y hombres saharauis bajo ocupación marroquí, tan solo por defender pacíficamente su derecho a la libre determinación, sufren detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles y humillantes, violaciones a sus mujeres, ejecuciones sumarias, juicios sin las debidas garantías, desapariciones forzadas o involuntarias, violación de las libertades de prensa, expresión, opinión, reunión, y todo tipo de discriminación económica, social, laboral y cultural.

¿Es posible decirles a las víctimas que confíen en el victimario? Decididamente, no. Simplemente, porque no es serio, creíble ni realista.

*Profesor de Derecho Internacional Público en la Ulpgc y asesor jurídico de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

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