El Gobierno autonómico ha renovado por otros seis meses la habilitación de Francisco Moreno como administrador único de Radio Televisión Canaria. Estoy absolutamente convencido que dentro de seis meses, allá por septiembre, se le concederá otra prórroga. Y las que hagan falta. Lo que no ha hecho el Ejecutivo es pronunciarse sobre la elección de la Junta de Control, tres veces frustrada por la mayoría del Gobierno, porque no le gustaba el candidato propuesto por Coalición Canaria. Y sin Junta de Control no puede definirse y planificarse el modelo de televisión pública canaria ni desarrollar propiamente el resto de los órganos de representación y participación que define la ley de 2019. En los mentideros parlamentarios se asume, sin demasiado dolor entre la mayoría gubernamental y entre la oposición, que no se producirán más debates ni más votaciones sobre la dichosa junta, aunque el relato oficial, más o menos, es que a la vuelta del verano se retomaría el asunto. En realidad no existe ni rastro de voluntad política para hacerlo y en el Consejo de Gobierno se ha impuesto la opinión del vicepresidente Román Rodríguez, en cuya Consejería de Hacienda se incrusta el ente público RTVC: vamos a dejarlo todo –todo– como está, que las elecciones autonómica de 2023 ya están casi a la vuelta de la esquina.
Prorrogar el mandato de una figura excepcional como la del administrador único era un trámite jurídica y administrativamente obligatorio pero también es una decisión política. Una decisión que, en general, conspira contra la madurez, la credibilidad y la modernidad de la radio y la televisión autonómica. Era y es imprescindible la modificación del modelo de gestión de la tele y la exclusión (o no) de ese extraño y carísimo régimen mixto entre lo público y lo privado que tiende a favorecer escandalosamente a lo segundo sin que se pueda consolidar lo primero. Si hace un año o año y medio se hubiera elegido a la Junta de Control quizás sería hoy innecesaria la convocatoria del concurso del sistema de equipamiento técnico, que desde hace media eternidad presta la misma y bienaventurada empresa. El concurso –que todavía nadie sabe quien redactó y revisó y acreditó– quedó desierto y se tendrá que convocar de nuevo, y de nuevo en septiembre, ya verán, después, en fin, lo que decía don Román, que las elecciones autonómicas de 2023 están casi a la vuelta de la esquina. La misma música, el mismo ritmo, la misma elegancia acompasada. Porque en realidad lo de Francisco Moreno es una pavana que baila delicadamente con el contrato de suministros técnicos. Moreno y el contrato, el contrato y Moreno avanzan y retroceden y se saludan emocionados a veces, ladinos otras, en compases de 2/4 o 4/4 en la muy progresista corte de Ángel Víctor Torres.
En cierto sentido la televisión canaria está, por tanto, congelada como una croqueta de merluza al fondo del frigorífico del pacto que sostiene al gabinete de Torres. Y no la ha congelado un rayo helado, sino la preferencia, sobre el cadáver de una junta de control que pudiera realmente controlar la corporación televisiva, por la excitante opción de disponer de una tele pública obediente, de un administrador único cuya designación y continuidad depende exclusivamente del Ejecutivo, de unos informativos que sean garantía de la pluralidad –del gobierno– y que reflejen la realidad social, económica y cultural de Canarias siempre desde el buen rollito y una estética modernuqui, jamás desde posiciones críticas que pudieran molestar a consejeros, viceconsejeros o directores generales, por no mencionar a los alcaldes y alcaldesas, siempre tan tiquismiquis. Estoy seguro de que el Gobierno no lo entiende así, pero ha sido el Gobierno, inexcusablemente, el que ha impedido el desarrollo cabal de la ley de la RTVC y la transformación de la cadena pública en un medio de comunicación adulto y autónomo.
