Ser monárquico no implica mirar para otro lado, haga lo que haga el rey. Tan monárquicos eran los que defendieron a quien hubiera sido Carlos V de España como los que apoyaron a Isabel II. Desear la monarquía como sistema estatal no debería suponer aceptar que un rey delinca, igual que no sería un buen republicano quien pasara por alto las fechorías de su presidente.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha publicado dos detallados decretos en los que, tras una larga investigación, prescinde de perseguir a quien reinó como Juan Carlos I por diferentes razones. Queda así en el cajón un posible delito de corrupción en los negocios –acumulado a los delitos de cohecho pasivo impropio y blanqueo de capitales–, por el que Juan Carlos de Borbón habría recibido unos 64 millones de euros (100 millones de dólares) a través de una fundación opaca radicada en Panamá, así como por otro delito contra la Hacienda Pública cometido a través de un coronel del Ejército español, antiguo asistente de don Juan Carlos, por unas transferencias de unos 500.000 euros. También habría habido unos pagos a través de una fundación de Liechtenstein por valor total de alrededor de unos 6 millones de euros, muchos de esos gastos imputables al propio rey emérito, familiares y allegados, sospechosos de constituir delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Finalmente, se ha descubierto la existencia de un trust con activos en Jersey y Guernsey, cuyo propietario último podría ser don Juan Carlos, moviendo cantidades de unos 14 millones de euros.
Más allá de la impresionante cuantía del dinero manejado de un modo u otro, que ciertamente marea, lo que resulta curioso son las circunstancias peculiares que se han producido en este caso, y que son absolutamente excepcionales. La primera es que en ningún momento se haya abierto una instrucción judicial en este asunto, cosa que sucede siempre y más con semejantes cantidades, pero en esta especial ocasión se ha obrado como si en España dirigiera la instrucción el Ministerio Fiscal, y no un juez de instrucción, que en este caso habría sido un magistrado del Tribunal Supremo, por ser aforado el rey emérito. Además, en ningún momento se ha tomado declaración a don Juan Carlos, lo que es la práctica absolutamente sistemática en cualquiera de estos casos. Se le ha dejado obrar a través de su abogado, como tantos desearían pero no lo consiguen en supuestos de delitos análogos. Además, se tienen por buenas las muy cuantiosas regularizaciones que ha efectuado el rey emérito mediante pagos tardíos a la Hacienda Pública, y no se le imputa delito alguno porque fueron realizadas antes de que la fiscalía le advirtiera, no de la investigación, que sí le advirtió, sino concretamente de aquello que estaba investigando, lo que tampoco es nada usual. Cuántos condenados por delito contra la Hacienda Pública hubieran deseado que se les advirtiera que les estaban investigando sin decirles sobre qué exactamente, para que también ellos pudieran hacer a tiempo sus deberes fiscales…
Y ya para acabar, todo lo ocurrido antes de su abdicación en 2014 y que no ha prescrito no se puede ni analizar porque el rey era inviolable, dándole a esta cualidad la eficacia exageradamente expansiva que le concedió el mismísimo Tribunal Constitucional en una desgraciada e inopinada sentencia de diciembre de 2019. Con todo, hay que agradecer que la fiscalía, respetando una esencial transparencia, haya contado los detalles de la investigación sin esconderse tras la inviolabilidad del exmonarca.
No es momento de ponerse a valorar la hoja de servicios a España de don Juan Carlos, porque mover semejantes cantidades de dinero a través de paraísos fiscales no tiene absolutamente nada que ver con eso. Por destacados que fueran los servicios prestados –la historia los juzgará, y ya veremos–, no hay nada que pueda disimular que nuestras instituciones supieron de sus andanzas y le aplicaron las interpretaciones de las leyes más favorables. La historia tampoco olvidará que se marchó al exilio, que estuvo varios días en paradero desconocido y que se quedó bien lejos del alcance de la justicia española hasta que se cerró la investigación, como cualquier otro exiliado. Las comparaciones siempre son odiosas, claro está.
