Cuando Viriato pensaba sus estrategias para combatir contra los romanos, ya se reunía con Amancio Ortega. Porque, según Román Rodriguez, vicepresidente del Gobierno guanche, hay un “capitalismo salvaje” donde siguen campando “los de siempre”. O sea, los ricos de toda la vida. Lo mismo, por cierto, que podría decirse del tiempo que llevan algunos sin bajarse del burro de la política.
No es que Ortega empezara con catorce años, como Amid Achi, trabajando de repartidor en una camisería. Y que desde ahí empezara a escalar, con trabajo y sacrificio, hasta que pudo crear una pequeña empresa sobre la luego ha forjado un imperio que le ha hecho inmensamente rico. No. Para alguna izquierda, que reniega del talento, Ortega ha existido “desde siempre”.
Para esa izquierda cualquier tipo de riqueza es insoportable. La gente con más dinero, más habilidad o más inteligencia resulta ofensiva. Su mundo ideal consiste en que todos corran los cien metros lisos haciendo el mismo tiempo, aunque eso suponga atarle los cordones de los zapatos al más rápido. El “capitalismo salvaje” es un tópico muy visitado por esa izquierda del serrucho, que quisiera cortarle los pies a los más altos, para hacer a todo el mundo del mismo tamaño. Aunque parece un chiste hablar de salvajismo en un país donde cada año se publican más de 12.000 normas y leyes.
A Román Rodríguez le pidieron que bajara los impuestos y sacó de procesión a los ricos. Porque los ricos son el escudo favorito cuando se habla de fiscalidad. ¿Cómo no van a pagar esos miserables que tienen las alforjas llenas de oro? ¿Cómo me pueden pedir que salga más barato llenar el tanque de gasolina del Ferrari? ¡Ah. Qué asco lo de esa derecha y ese capitalismo salvaje!
La verdad incómoda es que los impuestos los paga todo el mundo. Los “capitalistas salvajes” son el 4% de los declarantes de las rentas del trabajo y pagan el 30% de la recaudación. Pero el resto de los ingresos por las rentas del trabajo (IRPF) lo pagamos todos los demás. En el caso de los impuestos indirectos es peor. El litro de gasolina le cuesta lo mismo a Amancio Ortega que al último trabajador de la última de sus fábricas. Los dos pagan igual. La única excepción son los coches oficiales del Gobierno. A los que gobiernan no les cuesta nada llenar el tanque porque su gasolina también también la pagan, solidariamente, Amancio Ortega y su trabajador. Y usted.
Los próximos meses en Canarias pueden ser tan duros como los del año 2020. Si el turismo se hunde y se dispara la inflación y los costos de la energía, vamos a caer en un enorme foso de pobreza. Pero no bajarán los impuestos. Porque en la selva todos somos iguales, pero unos cobran de los que producen otros.
El Recorte
Un acuerdo ‘siperonó’
El Parlamento de la macarronesia guanche, como José Mota, dice que si hay que ir se va; pero que ir por nada, no. Resulta que los parlamentarios/arias/ries han aprobado una proposición no de ley (PNL) por la cual se pide al Gobierno español que, de forma urgente, inicie los trámites necesarios para la extinción de la deuda hipotecaria de las personas cuyas viviendas fueron destruidas por el volcán en La Palma. ¿Qué bueno, verdad? En realidad una PNL tiene el mismo valor que una fracción dada de un rollo de papel higiénico: que es igual a “más bien escaso, tirando a nada”. Pedirle a Pedro Sánchez que perdone las hipotecas de los palmeros que perdieron su casa suena casi como a cosa de risa. El Gobierno Carpetovetónico no las va a pagar, simplemente porque legalmente no puede. A los que habría que pedirles que condonaran las deudas hipotecarias es a los bancos que dieron los créditos, que son los que los están cobrando a tocateja. Pero hacer eso —dirigirse a los bancos— sería una prueba de que el Tagoror Legislativo canario tiene alguna vaga conexión con la realidad. Y no es el caso. Ellos viven en sus mundos de Yupi, discutiendo sobre la inmortalidad del cangrejo de los ríos canarios y la transición digital del mago para que aprenda a cavar papas con un Ipad en vez de con la guataca de toda la vida. Somos grandes, sí señor. Pero los palmeros que no tenían su vivienda bien asegurada van a seguir aflojando cada mes un dineral por una casa que ya no existe. Porque el acuerdo parlamentario es otro ‘siperonó’. O sea, nada. Un flusssss con dieta de asistencia.
