La Constitución española establece que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Y en consecuencia a las Cortes Generales, que representan el pueblo español en el que reside la soberanía, le atribuye el poder legislativo y el control del Gobierno. Esta imagen del parlamento español, sin embargo, se ha ido desdibujando en los últimos años: En particular en lo que se refiere al ejercicio de la potestad legislativa.
Todos los Gobiernos de la Democracia han utilizado los decretos-leyes, para casos de extraordinaria y urgente necesidad, previstos en la Constitución en su artículo 86. Estos dos requisitos, que deben concurrir para que el Gobierno pueda dictar decretos-leyes, son apreciados primero por el propio Gobierno, después por el Congreso de los Diputados que puede o no convalidarlos y, posteriormente, una vez convalidados si se interpone contra un decreto-ley un recurso de inconstitucionalidad o una cuestión de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional puede confirmar el buen uso del decreto-ley o bien declarar su nulidad total o parcial.
Aparentemente podríamos decir que la Constitución contiene los mecanismos necesarios para que los decretos-leyes se administren con la prudencia necesaria, de manera que el Gobierno, es decir el poder ejecutivo, no desplace a las Cortes Generales convirtiéndose mediante la utilización de los decretos-leyes también en poder legislativo, deteriorando a la postre nuestro sistema democrático que es incompatible con la concentración de los poderes ejecutivo y legislativo en el Gobierno. Tan grave sería esta acumulación de poderes en el Gobierno como que la Cortes Generales pretendieran ejercer también competencias ejecutivas que debe desempeñar el Gobierno.
La división de poderes que la Constitución establece tiene como finalidad preservar la libertad de los ciudadanos, pues la concentración de poderes es propia de dictaduras y no de democracias.
Desde la crisis financiera que llega a España en 2009 se está produciendo una creciente invasión por el Gobierno de la potestad legislativa de las Cortes Generales. Primero, el Gobierno Zapatero en tres años, entre 2009 y 2011, dictó 47 decretos-leyes; el Gobierno Rajoy en seis años, entre 2012 y 2017, dictó 106 decretos-leyes, es decir una cifra similar a la del Gobierno anterior; y el Gobierno Sánchez en cuatro años, desde 2018 a 2021, ha dictado 111, superando claramente a sus predecesores. Entre 2009 y 2021 se han dictado casi tantos decretos-leyes como leyes. En este mismo periodo las iniciativas legislativas provenientes del poder legislativo, convertidas en leyes, han sido inexistentes.
El Congreso en estos años ha convalidado sumisamente los decretos-leyes, que solo en algunos casos han sido tramitados como proyectos de ley y que en demasiadas ocasiones no cumplían los requisitos constitucionales. En la medida en que tanto el PSOE como el PP han abusado de los decretos-leyes resulta fácil comprender que solo excepcionalmente uno u otro los hayan impugnado ante el Tribunal Constitucional cuando han estado en la oposición. No parece que esta posición secundaria de las Cortes Generales se deduzca de la Constitución y que sea beneficiosa para los ciudadanos.
Por otra parte el control por el Tribunal Constitucional ha sido prácticamente inexistente desde el comienzo de la democracia, aun cuando fuera evidente que un número considerable de los decretos-leyes aprobados por los sucesivos Gobiernos no cumplía los requisitos exigidos por la Constitución. Y cuando el Tribunal Constitucional ha cumplido con su obligación de controlar los decretos- leyes del Gobierno lo ha hecho tarde, y aun así ha recibido calificativos graves por miembros del Gobierno.
Los decretos-leyes se han convertido en un sistema que hurta a las Cortes Generales su competencia fundamental, la de legislar. Pues salvo alguna excepción el grupo o grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno muestran una dejación de funciones alarmante, pues renuncian a lo que es el alma de un parlamento, dejando además fuera de la actividad legislativa al Senado que ni siquiera interviene en la convalidación de los decretos-leyes.
Con la aprobación del Decreto-ley 32/2021 que reforma la legislación laboral se ha puesto en evidencia la deriva de nuestro sistema político hacia un régimen en que el parlamento se considera un obstáculo y a lo sumo un mero comparsa. No cabe duda de que las reformas laborales deben hacerse teniendo en cuenta a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales, que son actores relevantes en nuestro sistema político de acuerdo con el artículo 7 de nuestra Constitución. Pero la relevancia de dichas organizaciones de intereses de trabajadores y empresarios no pueden estar por encima de las Cortes Generales que representan al entero pueblo español, y que son titulares del poder legislativo.
En cierto modo los aspectos truculentos que hemos conocido durante la convalidación del decreto-ley sobre la reforma laboral han servido al Gobierno como la tinta al calamar para ocultar la deriva a que nos referimos. Pues lo relevante no es la confusión creada por la presidenta del Congreso al anunciar una cosa y la contraria, o que un diputado se equivoque al votar, o que los sistemas informáticos hayan errado o que los diputados de un grupo parlamentario hayan cambiado el sentido de su voto en contra de los acuerdos alcanzados con el Gobierno. Lo que resulta de toda gravedad es que el Congreso haya sido domesticado por el Gobierno y haya permitido que éste le haya sustituido como legislador.
La regeneración política que ha sido bandera del Gobierno debe empezar por cumplir con la letra y los valores y principios constitucionales, que en demasiadas ocasiones son olvidados. Necesitamos un Parlamento que se sitúe en el centro de nuestro sistema político, como ordena la Constitución y no en un lugar marginal. Necesitamos un Parlamento capaz de tener iniciativas legislativas potentes. Necesitamos un Parlamento atento y receptivo a las inquietudes y problemas de los ciudadanos. Necesitamos un Parlamento que en casos de crisis pandémicas, como la que hemos tenido, no se cierre a cal y canto como si no hubieran instrumentos informáticos para seguir funcionando con igual o mayor intensidad que en circunstancias normales. Necesitamos un Parlamento que controle con rigor al Gobierno, alejándose de las sensacionalistas y folklóricas sesiones de los miércoles.
En definitiva, necesitamos un parlamento que recupere su alma extraviada.
