Quienes hemos vivido largos años en países extranjeros, con seguridad nos hemos topado más de una vez con jóvenes científicos españoles que trabajan fuera.
Muchas veces trabamos conversación con ellos en el avión en el que viajábamos al país temporal de residencia o en el que regresábamos a casa para pasar las vacaciones.
Acaso por deformación profesional, uno siempre ha preguntado en esos casos por el motivo por el cual el o la joven había decidido salir de España.
Unos explicaban que, una vez acabada la carrera, no encontraron trabajo y se cansaron de escribir a empresas que pudieran necesitar sus conocimientos y que en la mayoría de los casos ésas no se habían dignado siquiera contestar.
Es algo que siempre me ha parecido intolerable: cualquier persona que envía su curriculum vitae a una empresa es al menos merecedor de respeto y tiene derecho a recibir una respuesta, aunque sea negativa.
En otros casos, los jóvenes con los que uno hablaba explicaban que si bien les habían ofrecido en España trabajo, éste era temporal o precario y apenas daba para vivir.
He conocido a químicos, a físicos, a ingenieros, a arquitectos y a tantos otros profesionales que habían terminado encontrando trabajo en Suiza, en Alemania, en el Reino Unido y otros países y que en muchos casos no tenían intención de regresar de modo definitivo a la tierra que los vio nacer y financió sus estudios.
Otros, por el contrario, confesaban echar de menos a sus familias o sus amigos en España y se decían dispuestos a regresar siempre que se les diese una oportunidad, pero no a cualquier precio.
Me he acordado de pronto de estas conversaciones al leer en la prensa un artículo firmado por tres científicos españoles, dos de los cuales trabajan en universidades extranjeras –Uppsala y Basilea–, y en el que critican un anteproyecto de ley del Gobierno que, según dicen, «penaliza la experiencia internacional».
Según explican en su escrito, las medidas presentadas por el Ministerio español de Ciencia e Innovación son «insuficientes y en algunos casos contradictorias» con las intenciones expresadas en el preámbulo de la proyectada reforma.
El texto, arguyen, «mantiene su sesgo heredado de la legislación actual, según la cual los méritos investigadores desarrollados fuera de los organismos públicos de investigación estatales (de los que el mayor es nuestro CSIC) no computan para los quinquenios de investigación».
Carece, pues, de reconocimiento, añaden, «toda actividad (investigadora) realizada no sólo en el extranjero, sino también en universidades y en cualquier otro centro de investigación español».
Como consecuencia, un científico español que haya pasado incluso décadas trabajando en universidades o centros de investigación de países extranjeros, por muy prestigiosos que éstos sean, tendrá menos reconocimiento y sueldo que otro que haya trabajado siempre aquí.
Y esto vale también para los científicos extranjeros dispuestos a seguir su actividad en España. Parece que, tras escuchar esas quejas, el Ministerio trata de mejorar ahora el proyecto de ley a debate.
Las barreras al conocimiento siempre han tenido consecuencias muy negativas para quien las impone, algo de lo que por desgracia sabe, o al menos debería saber, mucho el país del unamuniano «¡Que inventen ellos!».
La nueva ley de ciencia incluye el compromiso de aumentar anualmente el presupuesto público hasta alcanzar el año 2030 un 1,25 por ciento del Producto Interior Bruto frente al raquítico 0,58 por ciento actual.
Lo cual, aunque el Gobierno trate de adornarlo, seguirá sigue siendo claramente insuficiente para nuestras necesidades de desarrollo por mucho que lo complete el sector privado: la Unión Europea recomienda en total un 3 por ciento.
