Las declaraciones de ayer de Pablo Casado a la radio de los obispos, no han convencido absolutamente a nadie. Ni a los suyos, que no entienden cómo Casado ha podido lanzarse a una guerra suicida contra el principal imán electoral del PP; ni a los de Ayuso, que se han cobrado ya su primera pieza –el asesor de Almeida, Carromero, fulminantemente cesado por el alcalde-, y apuntan ya directamente a la cabeza del segundo del partido, García Egea. Tampoco ha convencido a los neutrales en esta guerra –muchos cargos públicos, cuadros y afiliados del partido-, asombrados y confusos ante la inminente necesidad de posicionarse a favor o en contra; ni mucho menos a los adversarios del PP en la izquierda y la derecha, regocijados ante la hecatombe política que supone para el principal partido de la oposición enfrentarse a una situación que apunta catastrófica. Mientras la izquierda presenta una cascada de denuncias contra Ayuso, demostrando también cuál -de los dos implicados en la pelea- el enemigo a batir, Vox mantiene un sospechoso silencio, mientras Abascal se relame de gusto.
Casado ha sido incapaz de explicar la tramoya política que hay detrás de la investigación. Es probable que Ayuso tenga responsabilidad legal por los 55.000 euros cobrados por su hermano, pero eso aún no se sabe. Y Génova ha actuado en todo esto de forma torticera: primero intentando encontrar evidencias tirando para ello de una investigación a financiar con fondos públicos, después usando sospechas no confirmadas para chantajear a Ayuso y descabalgarla de la carrera por la presidencia del partido en Madrid, y luego acusando de corrupción a Ayuso sin pruebas, para luego intentar expulsarla del partido. Casado ha actuado como si –en vez de dirigir el PP- fuera el jefe de la oposición a la presidenta madrileña. Ha tolerado (cuando no instado) que el PP publicara en la cuenta oficial del partido un twit en el que se asegura que no es comprensible que el mismo día que «morían en España 700 personas», se contratara al hermano de Ayuso y se le permitiera sacar «286.000 euros de beneficio por vender mascarillas». Un ataque a Ayuso destinado a destruir su imagen pública y deteriorar su capacidad para liderar el partido o presidir Madrid. Lo peor es que no es la primera vez que en el PP se utiliza este tipo de fuego amigo para acabar con la carrera política de los incómodos. Algo parecido se hizo, y con notable éxito, con Cristina Cifuentes, predecesora de Ayuso, sometida en 2018 a una sádica inmolación pública, tras divulgarse un video del hurto de unas cremas de belleza en un supermercado, ocurrido en 2011. También a Ignacio González, número 2 del PP madrileño, espiado por encargo de su partido, por la misma agencia de detectives que se intentó utilizar ahora para investigar al hermanísimo de la presidenta. O la muy oportuna difusión de una vieja fotografía del presidente gallego, Núñez Feijóo, bañándose en el mar en compañía del contrabandista Marcial Dorado, que acabó con las aspiraciones de Feijóo de ser candidato del PP a la presidencia del Gobierno de España. La lista de precedentes es interminable…
Son demasiadas las ocasiones en las que dirigentes del PP han sufrido campañas de desprestigio –merecidas, en muchos casos- iniciadas y orquestadas por sus propios compañeros. Es una forma harto miserable, yo diría que incluso gansteril, de resolver conflictos de poder en el seno de un partido que se define a sí mismo como democrático… Y encima resulta que eres tan pardillo que hasta hacer de mafioso te sale mal. Porque en esta ocasión, lo que tenía que ser un disparo mortal en la cabeza de Díaz Ayuso se ha convertido en un tiro al propio pié de Casado. Todo inmoral, y además patético.
