La consejera Noemí Santana, intervino ayer a petición del Grupo Parlamentario Socialista en una comparecencia en la cámara regional, para dar cuenta de la atención a los menores extranjeros no acompañados, que se encuentran en las islas bajo tutela del Gobierno de Canarias. Santana insistió en la situación límite que se vive en los centros de acogida de las islas, como resultado de un exceso de menores extranjeros no acompañados, y recordó que todas las plazas disponibles están ocupadas. Se quedó corta: en realidad, los centros y dependencias habilitados para la acogida se encuentran absolutamente saturados, lo que impide que los menores reciban la atención que precisan. Es algo que viene ocurriendo desde hace meses, pero que se ha agravado muchísimo desde el inicio de este año.
Santana ha coincidido ahora con los otros partidos –y es una buena noticia que lo haga– en reclamar corresponsabilidad en la atención de los menores a las demás regiones. Hace seis meses, un colega suyo de Unidas Podemos, el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, durante una visita a Canarias que coincidió con las informaciones sobre abusos sexuales a menores en un centro dependiente de la Consejería, se mostraba muy crítico con la insolidaridad de Canarias por considerar un problema el tener que atender a los menores, y destacaba que es imposible obligar al resto de las Comunidades Autónomas a asumir a una parte de ellos.
Han pasado apenas seis meses, pero Santana ya no suscribe para nada ese discurso: la consejera se mostró decidida a debatir la devolución de competencias al Estado, porque –dijo– la legislación no es clara y siembra dudas. Tiene razón: es cierto que las leyes nacionales y regionales no contemplan referencia directa alguna a que una región frontera a la que lleguen niños y jóvenes migrantes no acompañados, tenga obligatoriamente que hacerse cargo de su tutela. Según la consejera la legislación deja abierta «una laguna legal importante» que utilizan las demás regiones para no asumir una responsabilidad que debiera ser de todos, pero puntualizó con optimismo que espera que esa laguna legal que impide la aplicación obligatoria de cuotas de distribución a asumir por las distintas regiones, se debata y resuelva en la próxima reunión bilateral Canarias-Estado en la que habrían de abordarse los criterios a seguir «a la hora de abordar la tutela». Como suele hacer siempre, Santana criticó además la falta de colaboración de los ayuntamientos canarios al no permitir centros nuevos –es cierto que los ayuntamientos no suelen ser partidarios de asumir instalaciones para los emigrantes, sean menores o no–. También se refirió sistemáticamente a la escasa solidaridad que demuestran el resto de comunidades autónomas. Pero no parece correcto hacer pagar a justos por pecadores: es verdad que fuera de Canarias solo se ha acogido a 208 menores, pero en algunos lugares –por ejemplo, Cataluña– se ha realizado un gran esfuerzo de acogida.
Mientras Santana se recupera de su conversión a la sensatez, esa suerte de caída del caballo camino de Damasco que le hace decir ahora cosas bien diferentes a las que decía no hace tanto, quizá fuera inteligente intentar buscar soluciones distintas a un compromiso del Estado o las otras comunidades, que probablemente no llegue nunca. Cuando se produjo la última gran crisis migratoria en las islas, entre 2006 y 2007, el Gobierno de entonces encontró una fórmula que funcionó bien: sin renunciar a la tutela –sorteando así la cuestión legal– lo que se hizo fue contratar fuera del archipiélago el servicio de ONGs especializadas en la atención de menores, y desplazar a estos a centros peninsulares. Eso evitó el colapso del sistema de acogida. Y se hizo sin alharacas ni enfrentamientos, merced a un acuerdo político entre Coalición Canaria y el PSOE.
Con un poco menos de ideología y un poco más de capacidad gestora y voluntad de resolver los problemas, algo parecido podría hacerse ahora. Antes de que la presión en los centros de menores acabe provocando situaciones irreversibles.
E
