Si usted gana 25.000 euros al año y gasta 27.000 tiene un problema. Podrá solucionarlo pidiendo un crédito y bajando sus gastos o tirará de los ahorros, si los tiene. Si, contrariamente, usted gasta 23.000 euros podrá ahorrar y se evitará muchos dolores de cabeza.
Con el salario mínimo interprofesional nos pasa algo parecido a los empresarios. No se trata de evaluar que cada subida sean 5,20 o 50 euros. Se trata de que la propuesta unilateral del ministerio de trabajo es de 14.000 euros al año de salario, que unido a los costes de seguridad social elevan el coste laboral de una persona a tiempo completo a 20.000 euros al año.
No es fácil entender el funcionamiento de una empresa pequeña, por lo que les ruego me permitan un ejemplo:
Un comercio que venda 200.000 euros al año con un margen sobre compras del 40% puede alcanzar un margen de beneficio bruto de 55.000 euros.
A esto hay que descontar el coste de un empleado con salario mínimo (20.000 euros) unos gastos generales, luz, agua, transporte, alquiler, teléfono, seguros, prevención, generales e impuestos (25.000 euros) por lo que te quedan 10.000 euros al año de ingresos, a los que hay que quitar 4.000 euros de seguridad social del autónomo, quedando como remuneración (sueldo para el empresario) 6.000 euros al año.
O sea que, en este caso de una empresa con un trabajador pagaría 14.000 euros a su empleado y el empresario ganaría 6.000 euros.
Eso sin contar que tiene que asumir riesgos en la inversión, innovación, morosidad, competencia desleal de la economía sumergida, absentismo, vacaciones, o burocracia.
Malos tiempos para el emprendimiento, cuando las empresas mantenemos 754.000 empleos propios y financiamos, junto a los trabajadores 184.000 empleos públicos.
Esto es un problema de productividad y no un problema de recaudación frágilmente cuadrado por el incremento de tipos y no por la base imposible derivada de una crecimiento saludable, al que deben acompañar las administraciones públicas de eficientes medidas entre las que priorice la políticas activas de empleo.
Esta crisis debe fortalecer la colaboración público–privada, más que nunca.
