Cada pocos días mueren migrantes ahogados en el intento de llegar a las costas canarias desde África. El Gobierno autonómico ni rechista. Todavía cuando ocurrió lo de Arguineguín simulaban un poco. Ángel Víctor Torres, alma pura y coronilla milagrosa, decía que llamaba por teléfono con este y aquel y Anselmo Pestana, delegado del Gobierno, se escondía hasta que escampase. Ya ni se estilan esos delicados fingimientos, esos desfiles por la pasarela de la misericordia. Ahora naufragan, y algunos mueren, y otros consiguen llegar a las islas por sus propios medios o trasladados por la Guardia Civil. Como siempre. La única novedad reciente –y relativa– es que casi el 60% de las pateras de los últimos quince días han llegado a Lanzarote. Por cierto: en una de sus jaculatorias, en una al menos, Torres mencionó como ejemplar el espacio de acogida que con fondos de la UE se montó en terrenos del puerto de Arrecife, y que todavía no ha pisado ningún migrante. Y es que el impecable arrimadero no tiene licencia de apertura. Ninguna de las discotecas y no demasiados de los baretos que uno ha frecuentado en la vida tenía licencia de apertura –en Santa Cruz sigue operando un establecimiento que después de veinte años carece de licencia, pero no de la farlopa que despachan a diario– pero se conoce que con los campamentos de migrantes los requisitos son más exigentes. Por supuesto, hasta que no tengan todos los papeles, Astrid Pérez, la alcaldesa, no deja entrar a nadie. Recuerdo de última vez que vi a la señora Pérez: comía a pizquitos una ensalada caprese en un restaurante cerca del Parlamento de Canarias. Las virtudes de la sobriedad. Las que comparte con los 300 migrantes hacinados en una nave hedionda en su municipio que no tiene ni duchas y solo dispone de tres retretes químicos. Todo esto lo pueden hacer Torres, Pestana y Astrid Pérez porque cuentan con un aliado formidable que, además, les sale gratis, porque colabora con el Gobierno y otros poderes públicos todos los días: mañana tarde y noche.
La última vez han sido 18 los muertos en el insaciable vientre del mar. Más de 4.000 fallecidos (sospechados más que documentados) en los dos últimos años. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez tomó casi desde sus inicios una decisión: blindaje de Ceuta y Melilla –ah, más altura en las vallas– y reconocimiento de Canarias como frontera sur y centro logístico desde donde despachar a los migrantes a los países de origen. Ni un solo problema en la Península. Es muy curioso. En 2019 la entrada de migrantes en pateras, cayucos y saltos de valla solo representó (aproximadamente) un 3,7% de los recibidos por España a lo largo del año, según el estudio Inmigración y políticas migratorias en España, de Jesús Fernández-Huerta. Y ese modus operandi solo significa que España ha abandonado cualquier intento de articular una política de inmigración en el seno de una Europa-fortaleza que ya incluso se niega a debatir seriamente sobre un fenómeno irreprimible y que ya ha condicionado –y lo seguirá haciendo– su demografía y su cohesión cultural. Pero da lo mismo, porque la Unión Europea, como el Gobierno central, como el Ejecutivo autonómico y hasta el ayuntamiento de Arrecife disfrutar de un apoyo fundamental e invencible para seguir ignorando muertes, vidas arruinadas para siempre, madres que se ahogan con sus hijos, esperanzas frustradas, dolor, miedo y humillación.
La situación no cambiará. La recuperación de la crisis covid necesita urgentemente de buenas noticias –reales o inventadas– en el supermercado político-electoral. No cambiará sobre todo porque ese supermercado, ese egoísmo miope y colectivo tienen un apoyo indestructible e incesante, un aliado irreprochable y eficaz: la completa indiferencia de usted mismo, que está leyendo este artículo, o la mía, sin ir más lejos, que acabo de escribirlo.
