En diciembre de 2020 el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula la gestión del plan de recuperación de la pandemia, diseñado por el Gobierno para canalizar los fondos europeos destinados a dinamizar y modernizar la economía española después del impacto socioeconómico del covid en su fase más severa. El real decreto fue convalidado a finales de enero aunque los principales aliados del Ejecutivo exigieron que se tramitara como proyecto legislativo para incluir enmiendas. PSOE y Unidos Podemos se comprometieron a ello, pero un año después no hay nada. Socialistas y podemitas se han valido de su mayoría en la Mesa del Congreso (seis contra tres) para impedirlo con la triquiñuela de ampliar una y otra vez el plazo de admisión de enmiendas. Es una actitud deleznable que va en dirección opuesta a la de los principios de participación y corresponsabilidad de las fuerzas políticas en una situación de crisis grave y compleja. Desde hace un año, y con la experiencia adquirida, ¿no hay nada que mejorar, mecanismos que optimizar, estrangulamientos que eliminar?
Ha levantado escándalo en las (terrazas de las) cafeterías y mucha bulla periodística la incapacidad de los gobiernos (central y autonómico) para hacer llegar las ayudas sociales a quienes deberían recibirlas, como en el caso del ingreso mínimo vital. El 73% de las solicitudes presentadas en España han sido denegadas y en Canarias la cobertura del IMM apenas llega al 5,5%. Más bien me parece extraordinario que se llegue a esa cifra con la extraordinaria complejidad de los procedimientos y requisitos que se exige para concederla. Las administraciones públicas saben mucho más que nosotros de lo que nosotros sabemos sobre ellas. Disponen de la información suficiente para que a partir de un cruce de datos –declaración de la renta, tributación municipal, número de hijos, situación laboral– decidir sobre una solicitud velozmente y girar un cheque u ordenar un ingreso bancario, como ocurre en otros países. Cuando amenaza la miseria, la desnutrición y la exclusión social puede incluso rebajarse un punto el garantismo covachuelista de las administraciones españolas. Por supuesto que se han desarrollado reformas y supresiones normativas y procedimentales en el último año y medio. Pero han sido muy insuficientes y no han tenido una voluntad de modificaciones estructurales, sino una resignación de mínimos ajustes.
Y no ha sido así no por ninguna desgracia cosmológica ni por la maldad intrínseca de aviesos funcionarios, sino por falta de voluntad política y legislativa desde el Gobierno y de las fuerzas que lo integran, el PSOE y UP. La santísima trinidad invocada oficialmente –digitalización, ajuste administrativo y gobierno abierto– es una abstracción que por el momento contribuye poco al tratamiento y resolución de emergencias sanitarias y económicas. Las torpezas, tardanzas y pillerías en la compra y suministro de materiales sanitarios –incluidas mascarillas o respiradores– es fruto, como la lentitud y desacierto de las ayudas sociales, de la carencia de una administración más y mejor profesionalizada, con funcionarios especializados, procedimientos flexibles y engranajes de coordinación y dirección eficientes. Es precisamente la falta de coordinación entre administraciones y la carencia pavorosa de especialización entre el funcionariado –no solo entre la infantería, sino entre los jefes de servicio y de sección– el que explica la decepción ante políticas sociales y asistenciales que no cumplen con sus objetivos. Y eso es una responsabilidad de los políticos, que deben simplificar aún más los procedimientos, subrayar normativamente el carácter de servicio público y no de burocracia vigilante de la administración, reforzar y sistematizar la relación entre distintos niveles. Las administraciones no pueden ser o seguir siendo botín partidista o instrumento de facciones gubernamentales, que es lo que explica el vértigo de reformarlas por la partidocracia.
