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Editorial

Canarias ante las nuevas incertidumbres de 2022

Cuando hacia el final del verano pasado se vislumbraba un horizonte de normalidad en la vida política, económica y social de Canarias tras las variadas crisis y emergencias vividas prácticamente desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de coalición de Ángel Víctor Torres empezó a esbozar una mínima agenda de gestión que le permitiría acercarse a los objetivos que el presidente planteó en su discurso de investidura dos años atrás.

Fue un espejismo que la terca y cruda realidad se encargó de desbaratar a lomos de nuevas fatalidades que convierten esta transición de año en un nuevo horizonte de nubes cargadas de incertidumbre. El éxito de la campaña de vacunación contra la covid-19 que parecía acariciar el fin de la pandemia, y las expectativas de una recuperación económica gracias a las extraordinarias previsiones del sector turístico para la temporada alta del invierno animaban a cambiar el registro de los análisis y la perspectiva sobre el inmediato futuro del Archipiélago. Sin embargo, la erupción volcánica en La Palma en septiembre, y el repunte de la pandemia desde noviembre por la aparición de la variante ómicron del virus, volvieron a golpear a toda la ciudadanía y a la propia agenda del Gobierno y marcan ahora el inicio de 2022.

Afortunadamente, la actividad del volcán de Cumbre Vieja parece haber concluido y todo debe centrarse ahora en activar con la máxima urgencia posible la reconstrucción de la Isla y la llegada de las ayudas a los afectados de forma directa, uno de los retos a los que el Ejecutivo regional, y obviamente el Gobierno del Estado, debe hacer frente en el nuevo año. Pero el otro asunto que marcó el final de 2021, la nueva ola de coronavirus, abre en este nuevo año una nueva inquietud respecto a las secuelas que va a dejar en una sociedad ya muy desgastada psicológicamente, y con una incertidumbre muy preocupante de nuevo en el plano económico por la incidencia que ya se está dejando notar otra vez en el sector turístico. Independientemente de cómo se gestione esta sexta ola de la pandemia, ya es seguro que la propagación de la nueva variante en todo el mundo, y en especial en los países emisores de visitantes, está provocando cancelaciones de reservas en todos los mercados y augura malos resultados para los próximos meses.

En este marco, una de las prioridades para el año que estrenamos pasa obviamente por reforzar el sistema sanitario y combatir con garantías todos los efectos de la covid-19, consolidando las campañas de vacunación y tomando las medidas que ayuden a evitar nuevas olas de contagio, un objetivo que contrasta con las enormes deficiencias que todavía arrastra el Servicio Canario de Salud.

En el plano económico, vuelve a ser esencial mantener activadas, o en situación de hacerlo de manera urgente, todas las medidas que ya se tuvieron que poner en marcha para contrarrestar el anterior parón de la actividad turística. Y no sólo en lo que afecta a las ayudas a las empresas o trabajadores, sino en su vertiente social por las persistentes tasas de pobreza que se mantienen en las Islas. Un acicate para que de una vez se pueda impulsar en toda su magnitud el ambicioso programa social que comprometió el Ejecutivo y respecto al cual el actual equipo de la Consejería de Derechos Sociales no está dando la talla.

Pero son muchos los frentes abiertos para abordar en el 2022 que, más allá de crisis y emergencias, el Gobierno de Torres tiene que afrontar con ánimo de abrir cuanto antes una agenda hacia la normalidad, es decir, hacia los objetivos a medio y largo plazo que no pueden quedar recluidos con la excusa de la gestión de lo extraordinario, pues forman parte del programa que el presidente planteó en su investidura y que los socios de gobierno pactaron en su acuerdo de legislatura. No sólo en relación con las cuestiones de responsabilidad directa del Ejecutivo, o de las demás instituciones de gobierno de las Islas, sino con las que deben abordarse en el ámbito de las relaciones con el Estado.

Los recién aprobados presupuestos regionales y estatales para el nuevo año contienen de facto las herramientas para dar cobertura a muchos de esos retos inmediatos, y en especial la percepción de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con los que tienen que financiarse programas que inciden precisamente en algunos de los más importantes objetivos de la legislatura, la transición ecológica y energética, y la digitalización.

La lucha contra el cambio climático tiene que volver cuanto antes a la acción cotidiana del Gobierno y del conjunto de las instituciones y de actores económicos de las Islas. El desempleo sigue siendo, no obstante, la mayor lacra social de las Islas, siempre sujeto a los vaivenes del sector turístico pero constituyendo un foco permanente de tensión social al que ni los planes estatales, ni los fondos destinados en el famoso Plan Reactiva Canarias puesto en marcha el año pasado, logran encauzar. La aplicación en las Islas de la reforma laboral recién aprobada por el Gobierno central, pendiente de convalidación en el Congreso, puede constituir un punto de inflexión.

En la educación y, en concreto, la escolarización de 0 a 3 años, otro de los objetivos del ‘pacto de las flores’ , se tiene que acabar de hacer realidad tras los problemas detectados para su aplicación por la falta de personal, así como todo el plan anunciado para el fortalecimiento de los servicios públicos. Este inaplazable programa se sustentaba además en la puesta en marcha de un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad, ya iniciado pero sin resultados visibles, que tiene que servir además para combatir la creciente inflación de los últimos meses y su influencia sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos.

La crisis del sistema de abastecimiento en todo el mundo tiene un especial coste en las Islas y ello obliga a los gobiernos regional y de España a tomar medidas al respecto para paliar este efecto. La escasez de vivienda sigue siendo otro de los problemas que acucia especialmente a los jóvenes, y aunque la puesta en marcha hace justo un año del Plan de Vivienda está dando los primeros resultados, se necesitará un mayor impulso del mismo para cumplir los objetivos marcados.

Canarias afronta además en 2022 otra serie de retos en relación con las políticas estatales y en especial con el inicio de la reforma del sistema de financiación autonómica, cuyo primera borrador por parte del Ministerio de Hacienda ha provocado inquietud por el futuro tratamiento de la insularidad, y porque no despeja las dudas sobre si se excluirán los recursos del REF del nuevo modelo, tal como establecen el propio fuero y el Estatuto de Autonomía, pese a las palabras tranquilizadoras de Torres señalando que «no hay debat» a este respecto. En las relaciones con el Estado, es hora de pactar de una vez una salida operativa al pago de la deuda estatal del convenio de carreteras y concretar los términos en que se traspasará la gestión del litoral trabajosamente negociado durante casi un año.

Toda esta agenda se tendrá que abordar en un momento políticamente sensible por el hecho de que 2022 es el último año completo de la legislatura. Aunque no hay problemas importantes de cohesión entre los cuatros partidos del pacto de las flores, la dinámica política cambiará sin duda a medida que se acerquen las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2023. Por eso es vital que la acción del Ejecutivo se desarrolle a pleno rendimiento, con la mano tendida a la oposición y con un permanente diálogo con los agentes económicos y sociales.

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