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Francisco Pomares

Fechas de la Renta Canaria de Ciudadnía

La Renta Ciudadana, planteada como uno de las grandes apuestas del Gobierno de Canarias en materia de política social, y como un compromiso del Pacto de Las Flores, sigue su deriva de retrasos. El proyecto fue incorporado al texto de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, una reforma contra la que votó Podemos. Pero antes de acabar la pasada legislatura, justo ahora hace tres años, en una sesión plenaria del Parlamento en diciembre de 2018, Noemí Santana, entonces secretaria general y portavoz parlamentaria de su partido, anunció su intención de presentar una proposición de Ley para crear la Renta, desarrollando el artículo 24 del nuevo Estatuto, y exigió que la Ley fuera aprobada por el Parlamento antes de finalizar la legislatura. «No creo que estemos pidiendo una locura ni algo irrealizable», dijo entonces Santana.

Al final, la proposición de Ley no llegó a discutirse en el Parlamento, y Podemos solicitó que en los presupuestos de 2019 se aumentara la partida de algo menos de 60 millones destinada a sufragar la Prestación Canaria de Inserción, hasta los algo más de 220 millones. Santana propuso sacar el dinero necesario sumando los cien millones de euros que Hacienda destinaba a cursos de inserción laboral, 60 millones del FDCan para los Cabildos, 57 millones de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, y seis millones que estaban en la partida dedicada a imprevistos. Por supuesto, los Presupuestos no incorporaron ese cambio, lo que fue considerado por Santana como «escandaloso». En las elecciones doña Noemí anunció que la Renta Canaria sería la primera ley que presentaría Podemos y que la cuantía mensual de la Prestación Canaria de Inserción –que era entonces de 478 euros– sería sustituida en 2019 por una Renta de Ciudadanía de 720 euros, no vinculada a la búsqueda de inserción laboral. Pero en 2019, sonó la flauta por casualidad y Santana se encontró con la responsabilidad de tener que cumplir sus promesas.

Por eso, a finales de ese año –hace justo dos años, en diciembre de 2019– la Consejería de Derechos Sociales organizó en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria las I Jornadas sobre Renta Ciudadana, en las que se comprometió a que la medida fuera operativa en 2020. La misma persona que no creía que fuera una locura pedir que el gobierno anterior pusiera en marcha el artículo 24 del Estatuto en cuatro meses, se concedió a sí misma año y medio para hacerlo.

Luego llegó la covid y todo se retrasó. El anteproyecto de Ley, el borrador, según lo calificó Santana- fue finalmente presentado a mediados de noviembre del año pasado. Santana explicó entonces que «las familias podrán contar con esta ayuda a partir del cuarto trimestre del próximo año». Ese cuarto trimestre acaba en unos días, y ni una sola familia del archipiélago ha visto un solo euro de los 720 que Santana prometió –en campaña electoral primero, y luego tras incorporarse al Gobierno de Canarias–, que se repartirían munificentemente para «sufragar los gastos básicos de personas, familias y otros núcleos de convivencia que se encuentren en situación de pobreza o exclusión social». Santana fue muy explícita: se trataba de llegar a 90.000 personas, en más de 40.000 núcleos familiares, casi triplicando los 16.000 núcleos familiares atendidos por la Prestación Canaria de Inserción.

Hace tres días, con la ley aprobada en septiembre, la señora Santana ha vuelto a poner un nuevo plazo. Ha dicho que la Renta Canaria de Ciudadanía empezará a ser percibida por sus beneficiarios (no ha especificado cuantos de los 90.000 previstos inicialmente) durante el segundo semestre de 2022. O sea, otro nuevo retraso de un año. En 2020 puso como fecha límite el cuarto trimestre, que acaba este 31 de diciembre de 2021. Y este año 2021 nos dice que la fecha límite será el segundo semestre, que acaba el 31 de diciembre de 2022, cinco meses antes de finalizar la legislatura cuya primera medida aprobada iba a ser la Renta Canaria de Ciudadanía. Habrán pasado entonces cuatro años desde que Noemí Santana retó al Gobierno anterior a aplicar la Renta en cuatro meses.  

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