Los empresarios –la sociedad en general– no se van a limitar a cruzar los dedos para superar esta crisis, como tampoco vamos a renunciar al poder de decir que no. Los gobiernos pasan, las políticas caducan, pero el bienestar de la sociedad es el fin último que no podemos perder.
Para sostener el estado del bienestar, que comprende principalmente, sanidad, educación, pensiones y ayudas sociales, solo podrá estructurarse de manera viable si creamos nichos de empresas y empleos con valor añadido y por extensión, que posibiliten ingresos suficientes para las necesidades básicas.
Porque el estado del bienestar no engorda cada día con las nuevas demandas que se desprenden de una sociedad que ha rebajado la ponderación al esfuerzo y al trabajo por un subsidio permanente de las arcas públicas, que siempre les parece insuficiente.
La política económica es una baza fundamental para la necesaria estrategia de crecimiento y riqueza de cualquier territorio.
Naturalmente es cíclica y no podemos aplicar las mismas herramientas en épocas de plenitud o en épocas de depresión.
Tradicionalmente las épocas de crisis se trataban con un aumento de la inversión pública de manera temporal, que en el caso de Canarias se multiplicaba por el efecto multiplicador de la Reserva para Inversiones aprobadas por la UE y el Estado y que hoy en día se cuestiona, justo en los momentos que más las vamos a echar en falta.
Esta última la estamos pasando con un incremento de las ayudas sociales que difícilmente alguien será capaz de eliminar o minorar a cambio de políticas activas de empleo.
No percibimos que haya una estrategia competitiva sino una serie de tácticas cortoplacistas que culminarán con la dimisión del empleo y la desinversión empresarial.
Todos tenemos derecho al trabajo y a cobrar un salario digno por él. Y el deber de ejercitarlo como única herramienta posible para la cohesión social.
