En el accidentado terreno de las conquistas sociales se avanza con mucha dificultad, pero se retrocede a velocidad de crucero. Ahí tenemos, por doloroso ejemplo, lo que sucede en la bahía de Cádiz, tan castigada últimamente por la crisis industrial. Los obreros de los astilleros se han puesto en huelga para reclamar mejores salarios y mejores condiciones de trabajo sin que hasta ahora la patronal haya accedido a sus pretensiones.
La falta de acuerdos ha trasladado la tensión de la mesa de negociaciones a la calle y hubo enfrentamientos de los huelguistas y de ciudadanos que los apoyan con las fuerzas de orden público (por cierto, un colectivo que también demanda cosas parecidas a las de los obreros). No sabemos hasta qué punto esa circunstancia haya podido influir en la contundencia con que se emplea la policía, aunque es de suponer que su sentido de la profesionalidad informase la mayor parte de sus actuaciones. Al respecto, me viene a la memoria un suceso acaecido en el Ayuntamiento de Madrid siendo alcalde el inefable Álvarez del Manzano. La policía municipal había ocupado el edificio del antiguo Consistorio para reclamar el pago de las horas extraordinarias que suponía el control de los botellones, así como los obligados cambios de turnos. Para preservar el orden, al alcalde no se le ocurrió cosa mejor que recurrir a los antidisturbios. Y entonces ardió Troya. Enterados los policías nacionales de que los policías locales (que cobraban más que ellos) aún pretendían mejorar sus salarios, se aplicaron con entusiasmo a cumplir las órdenes de desalojo. Hubo porrazos para todos y el mismo alcalde se vio en apuros más de una vez. Lo que ocurre estos días en Cádiz es otra cosa. Alguien ordenó sacar a la calle una veterana tanqueta del Ejército y esa maniobra se entendió como una provocación. El alcalde de Cádiz, José María González Santos Kichi, manifestó su apoyo a los trabajadores. Y pidió la retirada de la tanqueta. «No son delincuentes», dijo la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, a la que en algunos sectores de opinión señalan como posible cabeza de cartel de una plataforma de izquierdas en las próximas elecciones generales. Transmitir la imagen de que el Gobierno utiliza una tanqueta (que no un tanque) para reprimir las protestas parece un poco exagerado. En realidad, lo que está en debate, al margen de las reclamaciones salariales, es la excesiva temporalidad de los contratos firmados con las empresas auxiliares, cuyo número aumentó espectacularmente. En el año 1974 hubo en Gijón un conflicto muy parecido a este, aunque no derivó en disturbios callejeros (aún no había muerto Franco). Entre los abogados laboralistas que subieron a estrados de aquel macrojuicio estaban un joven Felipe González, que empezaba a ser conocido como Isidoro, Cabrera Bazán, Rato, Cristina Almeida, Fernández Ardavín, Masip y algunos más. Concluido el juicio exitosamente nos fuimos todos a una sidrería para celebrarlo. Mientras tomábamos de pie alguna cosa, se me acercó Luis Redondo, que fue uno de los militantes comunistas más destacados durante los largos años de la clandestinidad.
«Ponte –me dijo señalando a Felipe González– los socialistas tienen apoyos muy importantes y se les permite apuntarse tantos como el de hoy. Pero la rentabilidad política nos la llevamos nosotros».
«Creo que estás equivo–le repliqué cordialmente–. Ese chico que me señalas llegará a un puesto destacado. Si hay un Gobierno de concentración será como poco ministro de Trabajo. Y puede también que más arriba».
