Hace ya veintidós años que se empezaron a adoptar en este país medidas para la mejora de la protección de las mujeres ante los hechos de violencia de género. Mucho antes que otros países de nuestro entorno. Porque pasamos de un periodo en el que no existía un tratamiento individualizado de esta forma de violencia, al incluirla en una estadística global de delitos de lesiones, ya que ni tan siquiera se distinguía la violencia doméstica antes de que se empezara a tratar la violencia familiar de una forma específica distintiva a cualquier otra violencia que se ejerce entre extraños.
Sabíamos de la gravedad de la violencia familiar, y que daba lugar a situaciones de impunidad por un desconocimiento por parte del exterior de lo que ocurría dentro de cada casa donde se ejercía la violencia. Además, ni la sociedad ni la administración tenían estadísticas propias que permitiera adoptar medidas contundentes para una violencia que se ejerce de puertas para dentro y que no se quería sacar a la luz.
Importante fue, por otro lado, distinguir la violencia de género de la doméstica como el tratamiento especializado del maltrato a la mujer que fue avalado por el tribunal constitucional por tratarse de una violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer y por circunstancias propias y específicas de la relación de pareja o ex pareja, que es el ámbito propio en el que se produce el contexto del ejercicio de esa violencia.
El camino desde entonces ha sido largo y lleno de espinas y obstáculos en el camino, pero pese a todo los avances se han ido produciendo desde la Ley integral, pasando por la orden de protección, el tratamiento específico de los juzgados de violencia contra la mujer, la formación específica de todos los profesionales, no solamente los que trabajan en la justicia, sino en muchos otros sectores que también reciben este problema, debido a que este es un tema de tratamiento multidisciplinar y no solamente de juzgados y tribunales.
Sin embargo, pese a que las novedades han sido muchas lo que queda por recorrer es francamente mejorable en medidas tales como la necesidad de mejorar el tratamiento de la valoración del riesgo, o la definitiva traslación al ordenamiento jurídico de todas las propuestas que se hicieron en el Pacto de Estado contra esta violencia hace ya cinco años, para recoger el esfuerzo que muchos de los comparecientes en el Congreso y el Senado ofrecieron para mejorar el tratamiento de un problema que sigue causando muertes de muchas mujeres y de muchos menores que entran dentro del concepto de la violencia de género, como se ha encargado de recoger la recientemente aprobada Ley de protección de la infancia. Y ello, porque el maltrato al menor en el contexto del maltrato a la mujer, y por su consecuencia, es también violencia de género con víctimas directas y no indirectas, que son los menores que la sufren directamente, como se ha demostrado al victimizarlos ya con 36 crímenes en los últimos seis años.
Respecto a si podemos mejorar, evidentemente que sí, ya que el ámbito de mejora es extenso, como lo son las aportaciones que muchos profesionales hacen en distintos campos y que se necesita sean trasladadas a la normativa y se implementen. Porque las cifras reales de hechos denunciados y presuntos hechos cometidos ocultos siguen estando, ahí moviéndose sobre 150.000 en los primeros y 500.000 en los segundos. Así lo demuestran los informes del CGPJ respecto a mujeres asesinadas cada año casos en los que el volumen de denuncias previas y órdenes de protección adoptadas era insignificante, lo que quiere decir que en todos estos casos existía el silencio y no la denuncia. Existía una violencia, pero no se conocía por el exterior, y, sobre todo, por la Administración que podría haber adoptado alguna medida eficaz de conocerse esta situación.
Otro aspecto muy importante que sería necesario implementar sería la concienciación ciudadana de que la violencia se ejerce en las comunidades de propietarios y deberían articularse protocolos entre la Administración y administradores de fincas colegiados, como se ha hecho, por ejemplo, en Baleares, Cantabria o Galicia, en donde estos protocolos se han implementado hace años, a fin de establecer cauces para mejorar el conocimiento y la implicación de los vecinos, evitando silenciar lo que todos conocen que pasa en algunos hogares.
También, por último, la mejora en la educación y la recuperación de valores es fundamental para que desde la juventud se marquen las pautas de tolerancia cero y se introduzca el respeto como forma de relacionarnos unos con otros y no la agresividad verbal y física que es la tónica actual que domina en la relaciones entre personas en este país. Situación que es muy preocupante. Porque va a peor cada mes.
