En mayo del año 2008 el volcán Chaitén, en la provincia de Palena, a sur de Chile, hizo erupción tras una seguidilla de temblores que afectaron particularmente a la localidad de Chaitén. Ubicada justo en las faldas del volcán, la erupción obligó a la evacuación de toda su población. Tras el desastre, y frente a la necesidad de reconstruir, Chaitén se configuró en el imaginario de los expertos y los medios de comunicación como un sitio que no podía ser rehabitado debido a los riesgos que implicaba una nueva erupción volcánica.
Ante esto, tras el desalojo completo de la ciudad, los lineamientos de la reconstrucción se centraron en el restablecimiento de Chaitén en la localidad de Santa Bárbara, ubicada 10 kilómetros al norte. Con la reconstrucción, además de buscar la seguridad de los ciudadanos, se pensó en el diseño de una ‘ciudad modelo’ que se visualizaba en concordancia con un futuro desarrollo turístico de la Patagonia, y que la acreditara como una ciudad ecológica (Mandujano et al, 2015). No obstante, esto generó varias manifestaciones por parte de los chaiteninos, quienes consideraban que el plan no contemplaba el apego que ellos tenían por la ciudad, por lo que apelaban a la reconstrucción de Chaitén en el mismo sitio. Con el paso del tiempo, la reconstrucción de Chaitén en Santa Bárbara no prosperó debido a que las fuerzas de gestión y organización se centraron en el terremoto que sacudió a gran parte del país en 2010. Esto incidió en que Chaitén, diez años después de la catástrofe, sea aún una localidad en proceso de reconstrucción, con servicios básicos precarios, y 2.000 habitantes menos.
Esta experiencia nos enseña que no existe una única estrategia posible de recuperación, o un camino evidente respecto a lo que significa una ‘mejor’ reconstrucción. En efecto, ninguna de las ideas propuestas para sobrellevar el estado de catástrofe en el que se encontraban cada una de estas localidades es errónea en su fundamento: la relocalización de un poblado o la atracción de inversión privada son rutas que pueden funcionar en el largo proceso de recuperarse ante una catástrofe. No obstante, es fundamental que cada una de estas iniciativas cuente con un respaldo en términos sociales.
Esto deviene en que, en ocasiones, decisiones que no necesariamente son más complejas o requieren de más inversión, hacen la diferencia en cuanto a la recuperación y reapropiación de un espacio por parte la comunidad que lo habitaba.
La ausencia de unas vivencias adecuadas sumados a los testimonios recopilados de los lugareños devienen en «no sentirse escuchados». Y se observa que es importante reconocer que las viviendas entregadas deben contemplar la atención a las necesidades de las personas, ya que, de lo contrario, se genera un descontento generalizado que elimina el sentido de seguridad y comodidad. Asimismo la dispersión aleatoria de las viviendas podría generar dificultad en la rearticulación de las relaciones del poblado, al no respetar las estructuras vecinales previas. Todo parece señalar que un proceso de reconstrucción debe implicar una perspectiva amplia que haga caso de cada uno de los elementos que conforman una comunidad: después de todo, si no hay trabajo en la zona, es difícil que los habitantes regresen, por más que tengan las viviendas a su disposición.
La dimensión social del desastre no refiere solamente a trabajar con las personas, sino a hacerse cargo más profundamente de los elementos socio-economicos, que finalmente conforman la vida de un pueblo.
