El PSOE y Podemos, socios de gobierno, ensayan una nueva pirueta con su proyecto de memoria democrática. Se trata de esquivar la Ley de Amnistía de 1977 para poder juzgar los crímenes del franquismo. Naturalmente es postureo, no se trata de anular la ley sino de «reinterpretarla», algo que solo tendría formulaciones en abstracto sin resultados prácticos. Las intenciones, como en todo lo que concierne al famoso proyecto de la memoria histórica selectiva, están claras: cada una de las vueltas de tuerca que se dan tienen como objeto exclusivo llamar la atención de los electores de izquierda más ideologizados poniendo a la derecha entre la espada y la pared, atribuyéndole un pasado que no lo pertenece, o en cualquier caso es suyo en la misma medida que de la izquierda.
Franco ya ha sido juzgado por la historia y los crímenes del franquismo, también. En cualquier caso ahora sería materialmente imposible hacerlo de una manera real o efectiva teniendo en cuenta que la práctica totalidad de los autores de esos crímenes ya se encuentran criando malvas o tienen edades muy avanzadas. Las leyes españoles tampoco permitirían aplicar castigos o penas de forma retroactiva. Estamos, por tanto, ante un nuevo brindis al sol de los socios de gobierno. Coincidiendo con ello no está de más recordarles a los que, una vez transcurridos los años, parecen obsesionarse tanto con la figura del dictador y con sus fechorías, que Franco, al contrario de otros tiranos opresores del mundo moderno, murió en la cama de un hospital a causa de un choque séptico tras haber entrado en coma por una hemorragia gastrointestinal, sin mostrar que se sepa mayores signos de inquietud por la lucha que ejercían sus opositores, no especialmente titánica y perseverante, para desalojarlo del poder. Eso también pertenece a nuestra memoria histórica, los años de la transición y el esfuerzo colectivo de este país por alcanzar la convivencia, también. De manera, además, significativa y práctica. No impostada.
