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Editorial

Modernizar la seguridad aérea de Canarias

Europa prepara su estructura defensiva para hacer frente a turbulencias como las de Bielorrusia y Ucrania, en el flanco oriental, y el Magreb o el Sahel en el Sur. El documento Brújula Estratégica, en manos de los países miembros de la UE, recoge la orientación supranacional frente a amenazas que se concretan bajo el paraguas de un nuevo escenario: la creciente hostilidad de países que se desmarcan del multilateralismo; el repliegue de los EEUU como tradicional guardián de Occidente con su salida de Afganistán como máxima referencia, y el regreso a las políticas de poder tras tres décadas de fuerte interdependencia económica. El territorio de Canarias no escapa del recalentamiento actual de las relaciones internacionales, e incluso se encuentra más expuesto por su vecindad fronteriza con países africanos y Marruecos, claves en el fenómeno migratorio y en la mayor o menor expansión del terrorismo yihadista, pero también, como ocurre con la monarquía alauita, a motivaciones expansionistas. Todo ello hace que las Islas Canarias responda a la condición de punto caliente, una categorización, por otra parte, nada ajena a su devenir histórico, especialmente en la Segunda Guerra Mundial.

En este contexto internacional la defensa aérea del Archipiélago no solo es una pieza maestra para hacer frente a cualquier incidente, sino que le corresponde el cometido necesario de la disuasión a través de planes de modernización acordes con los objetivos a afrontar. Esta premisa activó años atrás el Programa Halcón para sustituir los F-18 de la Base de Gando, que llegaron a Gran Canaria hace dos décadas procedentes de Morón de la Frontera (Sevilla), y que fueron adquiridos de segunda mano a la Marina estadounidense a finales de los noventa. El deterioro de los aviones se ha paliado gracias a un plan específico de conservación para frenar los estragos de la corrosión marina.

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 parecía la fecha límite para la jubilación de los veteranos cazas del Ala 46 y el inicio de la operación de compra de sus sustitutos, cuya identidad aún está pendiente de dilucidar: o los estadounidenses F-35, o el europeo Eurofigher, aeronaves ambas de quinta generación. Pero la partida de 2.000 millones para la renovación ha quedado fuera de las cuentas, una ausencia que ha caído como un jarro de agua fría entre las instancias militares. La única corrección posible es una enmienda a los presupuestos; un aumento de la asignación al departamento de Margarita Robles, o que otro ministerio adelante el montante.

Fuera del plano eminentemente político, el Ejército baraja para hacer frente a la baja de los F-18 desplazar a Canarias un Ala desde Torrejón o Zaragoza. La pérdida de las aeronaves sin recambio posible también abre interrogantes económicos, sobre todo con respecto al punto final para un sector laboral integrado por especialistas en la reparación y vigilancia permanente de estas aeronaves, cuya actividad desaparece o disminuye por la jubilación de los cazas.

Hasta ahora, el tratamiento técnico de los F-18 era muy intenso debido a la vejez de los aparatos y a las continuas intervenciones para corregir los daños en el fuselaje debido a las condiciones climatológicas de Gran Canaria. Para este personal de alta cualificación se abre un proceso de adaptación en sus trabajos y cometidos, una reconversión que dependerá, en todo caso, de la periodicidad que adquiera finalmente la rotación de las aeronaves provenientes de otras bases, o de la determinación con la que se afronte el contrato de compra, aún no firmado, para los F-35 o los Eurofigher.

El Estado Mayor del Aire no ha dudado en garantizar la defensa aérea de las Islas pese al revés presupuestario. Pero todas las miradas se dirigen al progresivo rearme de Marruecos con compras de armamento de última generación en todas sus variantes a Estados Unidos y a Francia, al tiempo que eleva el voltaje de la crispación en su área de influencia –también en el seno de la Unión Europea– por el conflicto y posesión del Sáhara Occidental. El Archipiélago necesita una protección excepcional y disuasoria frente a este cambio de escenario, donde su territorialidad se ve perturbada por el afán expansionista marroquí, ya sea con la regulación de la delimitación de las aguas marinas o las prospecciones para la extracción de reservas de hidrocarburos. Y de cara a un futuro no tan lejano: el telurio y cobalto del subsuelo del Atlántico insular, fundamentales para el desarrollo de equipamientos electrónicos.

Pero uno los asuntos más candentes para la seguridad por su condición de drama humano es la migración. Los efectivos militares y humanos no están para frenar las pateras, sino en todo caso para ayudar al rescate de las personas que van dentro de ellas y cuyas vidas corren peligro. Tras las crisis de Ceuta, no hay duda alguna de que el fenómeno migratorio puede ser utilizado para contribuir a la inestabilidad de los estados receptores. Las Fuerzas Armadas están en disposición de ayudar a los que llegan exhaustos en las embarcaciones, pero también necesitan disponer de los medios suficientes con servicios interconectados e inteligentes que les permitan la detección de una oleada migratoria anómala o el desarrollo de un incidente que podría ser mortal en alta mar. El Ministerio de Defensa, en la defensa estratégica de Canarias, debería tener en cuenta para sus planes esta faceta preventiva y de auxilio.

El documento Brújula Estratégica de la UE señala: «Este no es el mundo que los europeos hemos elegido o que preferimos, pero es el que tenemos que afrontar». Bruselas, por tanto, ve irremediable el retorno a una cultura defensiva ante los cambios en una escena inestable y peligrosa.

De hecho, prepara para 2023 las primeras maniobras de la historia de un ejército europeo, un aperitivo para conformar a partir de 2025 una fuerza operativa de hasta 5.000 uniformados. Nuevas tensiones e interdependencias que afectan a las Islas por su posición geográfica, a las que el Gobierno nacional tiene que responder sin demora alguna en consonancia con las autoexigencias que se plantea la propia Unión Europea a través de sus principios de defensa supranacional. Canarias, sin duda alguna, no puede quedar ajena a una militarización no deseada, pero imprescindible en la era de la diplomacia disuasoria.

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