El fin último de las pensiones consiste en que los jubilados puedan tener una vida digna cuando el sistema laboral no pueda ofrecerle un puesto de trabajo, generalmente aparejado a su vejez.
Salvo las pensiones privadas, que se nutren de aportaciones personales y cuyo único beneficiario es el que aporta sus cuotas, el sistema público lo pagan los que trabajan actualmente y se benefician las generaciones anteriores que lo dieron todo por ellos.
No se trata, pues, de que haya que sostener las pensiones a cualquier precio, incluyendo, incluso, las pensiones no contributivas, que son ayudas sociales coyunturales y deben ir directamente a cargo del presupuesto y no a cargo de la hucha de las pensiones.
Es un discurso fácil sostener que se sacrifique una o dos generaciones para poder pagarlas cuando no se toman decisiones sobre la sostenibilidad de las mismas. O sea, que podamos permitírnoslas con los recursos que disponemos.
Si encima lo adornamos con un discurso simplista de que solo costará 15, 20 o 30 euros mensuales, según la fuente utilizada, nos olvidamos que recaen sobre 3 millones de empresas, que pagarán el 90% de ese extracoste y 20 millones de trabajadores que aportarán el resto.
Para entenderlo tenemos que verlo con perspectiva. Esas pocas empresas y trabajadores sostendrán a funcionarios, pensionistas, parados y subsidiados (27 millones de personas más).
No podemos obviar este derecho y para ello tenemos que tener en cuenta que debemos elegir bien el objetivo que queremos alcanzar. Si no apuntas a nada coherente, no conseguirás nada.
