La indigestión ya está aquí

Poco a poco se evidencia lo que inevitablemente debía ocurrir: el atragantamiento presupuestario de la Comunidad autónoma. Las Consejerías de Obras Públicas y Transición Ecológica ostentan el farolillo rojo, con poco más de un 20% de ejecución presupuestaria real en el pasado mes de octubre. Sí, un fisco más del 20%. ¿Cómo se las arreglará el próximo año José Antonio Valbuena y su equipo, con unos presupuestos asignados que superar en más de un 34% a los actuales (y un 54,9% a los de 2020)? ¿Cómo gestionarán esa montaña de millones en apenas doce meses? Ciertamente entre lo presupuestado están 40 plazas para aumentar la plantilla laboral de Transición Ecológica. ¿Se cubrirán por concurso oposición? ¿Se contratará cuasidiscreccionalmente a una cuarentena de laborales durante un año y vuelta a empezar?

Pese a las advertencias más o menos insistentes el Gobierno canario solo ha impulsado acciones insuficientes y no siempre interconectadas para agilizar y flexibilizar la administración, y no ha consensuado en el Parlamento los cambios normativos posibles en los procedimientos burocráticos. La consecuencia es esta indigestión financiera que puede acabar desastrosamente. En realidad una de las mayores urgencias de Canarias es la reforma de la administración pública que, como en esa columneja se ha repetido hasta el hartazgo, sigue regulada por una ley de 1987. Sobre esta estructura insuficiente y vetusta, con unas plantillas limitadas y envejecidas, con escasez de medios y exceso de privilegios, con mil parches y zurcidos para que no revienten las costuras y unos sindicatos que defienden ferozmente su última trinchera de cualquier cambio, esperar que gasten eficaz y eficientemente un diluvio de millones transferidos del Estado a los que se suman (800 millones más en 2022) las ayudas de la Unión Europea es una chifladura. En este sentido, en un sentido monda y lirondamente administrativo, a Canarias también le ha pillado el futuro.

Porque no se trata, simplemente, de contratar una veintena más de abogados y economistas y un montoncito de administrativos y auxiliares, ni tampoco al contrario. ¿De veras que Valbuena espera que la ingente pastizara dedicada a diversos proyectos ecológicos y energéticos van a ser correcta y puntualmente gestionada por personal más o menos novato? ¿Puede sostener que si metes en una sala a cuarenta laborales la gestión pegará un acelerón relampagueante? Todo esto es disparatado. A lo largo del confinamiento y en los meses anteriores el Ejecutivo de Torres pudo y debió diseñar un amplio y ambicioso paquete de reformas normativas y reglamentarias respecto a la administración autonómica y una convocatoria extraordinaria para la contratación durante un año, renovable por otros dos, de trabajadores de la función pública, sin dejar de explorar tampoco la posibilidad de externalizar aspectos concretos de la gestión económico-financiera en tiempos de una crisis estructural. No se hizo. Y no se hizo no únicamente por ignorancia o pazguatería, sino por una obvia incapacidad para la planificación, por miedo a conflictos judiciales, incluso por el resquemor o el rechazo que podía haberse producido entre los funcionarios. Y el Gobierno –todos los gobiernos con distintos énfasis– siente un santo temor hacia los funcionarios. Ya se sabe que existe un pacto no escrito desde el Neolítico: el Gobierno no le toca las narices a los funcionarios y los funcionarios ni ponen dificultades al Gobierno ni dejan de votarle, ni ellos ni sus respectivas familias. La administración puede boicotear el bienestar de los administrados. Cuando se habla de razones que pueden hacer fracasar o debilitar la recuperación económica de Canarias debe quedar claro que las insuficiencias, estrangulamientos, torpezas e inercias de la administración autonómica deben ser citadas en primer lugar y no como circunstancias accesorias.

Suscríbete para seguir leyendo