La modernización de la economía pasa por modernizar las leyes vigentes, y armonizar sus contenidos a la realidad de una actividad que ha acortado los plazos de retorno de inversiones, e incluso la longevidad de las ideas están comprometidas a un mercado oscilante y vertiginoso donde lo que hoy está de moda mañana puede desaparecer.
En algunos casos la mera actualización del articulado choca con la ingente cantidad de legislación vigente, por lo que la misión de la administración pública de servir y ser eficiente se está convirtiendo en el gran debate social y económico.
La anunciada reconstrucción tendrá que superar varios hándicaps, como pasar de un presupuesto sobre papel a la ejecución en la economía real, la prefinanciación de las comunidades autónomas en los fondos europeos y la cofinanciación de las empresas que no pasan por un buen momento para nuevas inversiones cuando se endeudaron para salir de la crisis del COVID y ahora no tienen mucha más capacidad para solicitar nuevos créditos o detraer fondos propios para inmovilizarlos.
Si algunas empresas superan ese cuello de botella tendrán que pelear con los plazos inasumibles para solicitar licencias en la mayoría de municipios y cumplir con los plazos de inversión que exige Europa.
Se hace necesario un pacto municipal, insular y autonómico, para la agilización administrativa que promueva un cambio legislativo urgente para no estrangular la recuperación y el empleo
