Un diálogo social responsable

De las cifras de empleo del mes de octubre dadas a conocer esta semana, y al margen de los titulares que colocan al Archipiélago como la comunidad en la que más descendió el paro en términos relativos (-2,45%) y la segunda en creación de empleo (2,1% y 16.876 altas en la Seguridad Social), y de los 159.000 ocupados más en España –una buena noticia–, hay otro dato que ayuda a entender la importancia de abordar cuanto antes la reforma laboral: nueve de cada diez nuevos contratos firmados fueron temporales.

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La temporalidad es uno de los lastres del mercado de trabajo español y canario –una opinión compartida por empresarios y organizaciones sindicales– que se acentuó tras la reforma aprobada por el PP en 2012 y que ahora es uno de los puntos sobre la mesa de negociación del nuevo marco de relaciones laborales.

Superada la última batalla política interna entre PSOE y Unidas Podemos, es el momento de centrarse en los detalles. Y no queda mucho tiempo. Mientras los socios de Gobierno discutían sobre quién pilotaba la negociación –en un pulso entre las vicepresidentas Yolanda Díaz (Trabajo) y Nadia Calviño (Economía), que se ha saldado con la entrada de los ministros socialistas en el diálogo-, o sobre si es más preciso llamarlo «derogación» o «modernización», el reloj iba corriendo. Y ahora quedan menos de dos meses para presentar ante Bruselas resultados, en forma de un real decreto ley, que luego deberá aprobarse en el Congreso.

De forma paralela, el Gobierno también debe presentar –antes del próximo 15 de noviembre– un mecanismo para garantizar el sistema de pensiones que sustituya al factor de sostenibilidad del PP. José Luis Escrivá, ministro de la Seguridad Social, ya ha planteado una fórmula basada en incrementar las cotizaciones. No le queda mucho margen al Ejecutivo, obligado a sacar adelante ambas reformas (laboral y pensiones) si quiere recibir los fondos europeos.

En materia laboral, parece razonable modificar algunas medidas introducidas en 2012 que han aumentado la precariedad y desequilibrado la negociación colectiva. Por ejemplo que se mejoren las condiciones de los trabajadores subcontratados, además de limitar la temporalidad. Ahora que tanto se habla de mejorar el sistema productivo, estas medidas ayudarían a pasar de las palabras a los hechos. No están sobre la mesa otras cuestiones (como el abaratamiento del despido que supuso la reforma del PP o que ya no sea necesaria la autorización administrativa para iniciar un expediente de regulación de empleo), por lo que se soslayan los aspectos que dificultarían más el acuerdo.

Pedro Sánchez ha expresado su deseo de que se sumen todos los agentes sociales, sin embargo, la patronal es más partidaria del no que del sí. Los empresarios ya se descolgaron del acuerdo de subida del salario mínimo, y el consenso en este caso tampoco es imprescindible, pero si hay diálogo social es mucho más fácil implementar los cambios, y Europa también lo vería con mejores ojos. Tampoco será fácil conseguir los acuerdos parlamentarios, ya que los socios de legislatura exigen volver a la indemnización de 45 días (actualmente, 33), lo que no está previsto. Se impone la negociación, que no es otra cosa que evitar enrocarse y ser capaces de que todas las partes acepten concesiones.

Menos dificultosa se presenta la negociación sobre las pensiones. Escrivá plantea mejorar la sostenibilidad del sistema subiendo los ingresos (aumentando 0,5 puntos las cotizaciones, unos 5 euros por un sueldo de 1.000 euros), en lugar de recortar gastos (rebajar la cuantía de las pensiones, siempre impopular). La propuesta despierta recelos, por motivos distintos, entre Unidas Podemos y la patronal. Sin embargo, el déficit actual del sistema obliga a tomar decisiones ahora, y la opción menos lesiva para todos debería ser capaz de aglutinar los apoyos mayoritarios.