Cuando José Luis Rodríguez Zapatero era Presidente del Gobierno, mantuvo una reunión con el padre de la difunta adolescente Marta del Castillo, en el transcurso de la cual el progenitor de la joven pidió la implantación de la cadena perpetua y el cumplimiento íntegro de las penas impuestas para delitos sexuales y agresiones contra menores. Aquel caso concreto se había venido a sumar a una lista de horrendos crímenes con nombres y apellidos, como los de Sandra Palo y Mari Luz Cortés, que habían generado gran alarma social. El triste final de los hermanos Ruth y José Bretón, como consecuencia de la venganza por un divorcio no aceptado por la parte paterna, se añadió a un siniestro catálogo que precisaba de una respuesta acorde a su gravedad. A ellos les acompañó tiempo después la joven Diana Quer, cuyo final llenó de estupor e indignación a la ciudadanía española, y Amaia y Candela Oubel, las niñas gallegas degolladas con una radial por su progenitor. Esta misma semana es el asesinato del pequeño Álex a cargo de un exconvicto no reinsertado socialmente el que sacude las entrañas de un país entero.
Por su fuerte repercusión mediática, estas atrocidades son tema frecuente de conversación que da lugar a una manifiesta diversidad de opiniones. Uno de los debates más recurrentes tiene por objeto la conveniencia de la regulación, bien de la pena de muerte, bien de la cadena perpetua. Algunas personas se declaran firmes defensoras de la primera opción y argumentan sus beneficios en el hecho de que sirve para disuadir a asesinos en potencia que, sabedores del futuro que les espera, se lo pensarían dos veces antes de cometer una fechoría. Consideran, asimismo, que no resulta de recibo dedicar un porcentaje de sus impuestos a mantener a sujetos de estos perfiles en unas prisiones cada vez más modernas y confortables.
Sin embargo otros, entre quienes me incluyo, estamos absolutamente en contra de esa primera medida. Mi principal razonamiento estriba en que ningún sistema penitenciario posee atribuciones para decidir de manera infalible quién debe vivir y quién debe morir. Los Derechos Humanos, encabezados por el derecho a la vida, son inalienables y nadie los debe privar ni tampoco ser privado de ellos, pues la esencia de cualquier Estado reside en proteger a su ciudadanía al completo. Esta postura no resulta en absoluto incompatible con la ineludible exigencia de hacer justicia a las víctimas y, a la par, castigar con dureza a los criminales. Por ello, siempre me he declarado una firme defensora de la prisión permanente revisable que, pese a lo que afirman sus detractores, no supone una contradicción en sus términos.
Representa la máxima pena privativa de libertad que existe en nuestro Código Penal y, a mi parecer, no resulta desproporcionada en atención a los gravísimos delitos a los que va aparejada: atentados terroristas, asesinatos múltiples y agresiones sexuales reincidentes. Cierto es que, aunque pueda traducirse en la permanencia del reo en una cárcel de por vida, no tiene por qué ser necesariamente así, habida cuenta que su régimen jurídico contempla la posibilidad, cumplidas determinadas condiciones, de la obtención de beneficios tales como permisos, régimen de tercer grado, libertad condicional e, incluso, plena. Pero, con la ley en la mano, puede serlo y equivaler así a una cadena perpetua. Se trata, además, de una figura que existe en la mayor parte de los países de la Unión Europea y que está avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tal vez la conclusión más triste que se deriva de hechos tan terroríficos como el acaecido en La Rioja es que existen demasiadas personas en España convencidas de que la justicia no es igual para todos, de que viven en un paraíso para los delincuentes y de que necesitan urgentemente recuperar la fe en aquellos que deben velar por su seguridad, llámense gobernantes, legisladores o jueces.
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