La Audiencia Provincial de Las Palmas ha anulado el proceso penal abierto contra Blas Acosta, para quien la fiscalía pedía tres años de cárcel y nueve de inhabilitación en un juzgado de Fuerteventura. Acosta fue nombrado viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias cuando estaba imputado. Fue una polémica decisión de Ángel Víctor Torres para solucionar el lío monumental que estaba produciendo el enfrentamiento entre Acosta y Santiago Pérez por la plaza de senador por la Comunidad Autónoma de Canarias que le tocaba al PSOE. La batalla estaba ganada de calle por Santiago Pérez: muchos socialistas consideraban irrenunciable que le mandaran lo más lejos posible de Canarias. Y fue al Senado de España porque no fue posible colarlo en la cámara legislativa de Australia. Torres, además, acertó, porque si no hubiera nombrado a Acosta por el hecho de estar imputado habría cometido un error que ahora sería irreparable. Lo contrario de lo que ocurrió cuando Ciudadanos se negó a votar por un candidato a la presidencia, Fernando Clavijo, que estaba imputado en un proceso judicial —el caso grúas— del que acabó absuelto. Lo bueno de todas estas lecciones es que a los partidos —y políticos, políticas y polítiques— que daban lecciones de pureza judicial se les ha caído la careta. Se las han tragado dobladas y calladitos cuando les ha convenido a sus intereses. La anulación de la causa es una buenísima noticia para Blas Acosta, que puede respirar aliviado. Es estrictamente cierto que Torres nombró un viceconsejero imputado. Pero también es ciertísimo que era una persona inocente. Acertó haciendo lo que muchos le dijeron que era una locura. En un país de linchadores profesionales no viene mal que alguien les lleve la contraria.
